Leí el
domingo 25 la columna de opinión de Cecilia Valenzuela, directora del diario Perú21.
El artículo
hablaba de los casos de Elmer Cáceres Llica, Vladimir Cerrón y Walter Aduviri,
presidentes regionales de Arequipa, Junín y Puno, respectivamente. Mencionó que
Cerrón fue capturado por la Policía Nacional en Huancayo, tras permanecer
varios días en la “clandestinidad”, y ahora cumplirá la condena de 4 años y
ocho meses impuesta por el Poder Judicial, a raíz de un caso de corrupción de
2011.
Valenzuela
también habló de Aduviri, a quien ya el Poder Judicial condenó a 6 años de
prisión por las feroces protestas indígenas de 2011 que él encabezó. Aduviri
estaba prófugo y se presumía estuviera en Bolivia. Al momento de la publicación,
no sabíamos que Aduviri sería capturado por la Policía Nacional en Lima. Tanto
a Cerrón como Aduviri nada les sirvió amenazar a los jueces con la movilización
de sus seguidores. La justicia se impuso.
Sobre
Cáceres Llica, quien saltó a la escena con su violento y salvaje “paro
indefinido” contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú, Valenzuela señaló que ahora
a él le preocupa evitar las investigaciones por denuncias de violación sexual
en su contra. Quizá le preocupe también denuncias por la violencia y el salvajismo
durante el primer día del “paro”.
Sin
embargo, Valenzuela terminó el artículo diciendo “El Perú necesita renovar, a todo nivel, su dirigencia política. Esto
no da para más”. Un momento: las elecciones municipales y regionales fueron
el año pasado. Libremente en las ánforas, el electorado en cada circunscripción
votó por nuevos presidentes y consejeros regionales, alcaldes y regidores.
Quizá Valenzuela, quien ha dicho estar de acuerdo con la propuesta del
Presidente de la República para adelantar un año las elecciones generales de
2021 mediante una reforma constitucional, crea que también debemos volver a
elegir regional y localmente. Unas “mega-elecciones”: presidenciales,
parlamentarias, regionales y municipales. Comicios costosísimos, que “se
cargarían” la Constitución de 1993 y la voluntad popular expresada libremente
en las ánforas en 2016 y 2018.
¿Entonces?.
Tal vez debiéramos tener un mecanismo constitucional de “intervención” de
gobiernos regionales o locales. En España, la Constitución de 1978 permite a
Madrid, previa mayoría absoluta del Senado, intervenir la comunidad autónoma
que rehúse cumplir obligaciones constitucionales o legales y forzar a
cumplirlas. En Alemania, un país federal, la Ley Fundamental de 1949, permite a
Berlín, previa aprobación del Bundesrat,
ejercer medidas coactivas frente a un Land
que no cumpla los deberes federales.
En vez de
“coquetear” con propuestas “tramposas” de Su Excelencia, ¿por qué Valenzuela no
pide una reforma constitucional que permita al Gobierno nacional, previa
mayoría absoluta del Congreso, intervenir un gobierno regional o local “rebelde”
contra la democracia, las instituciones y el imperio de la ley?. Mejor remedio
contra quienes en el futuro quieran emular a Cáceres Llica, Cerrón o Aduviri.
No hay comentarios:
Publicar un comentario