El calor aumenta y también la
intensidad de los acontecimientos de política nacional en el Perú.
Por fin Pedro Chávarry renunció al
cargo de Fiscal de la Nación. Le sucedió (al menos, interinamente) Zoraida
Ávalos. En su carta de renuncia, Chávarry se “victimizó”: acusó a quienes se
manifestaron por las calles en su contra de haber sido “pagados”, dijo haber
sido presionado mediáticamente y que antes era un fiscal supremo “sin
cuestionamientos”.
En realidad, el fujimorismo en el
Congreso -su principal soporte político- retiró el apoyo a Chávarry ante la
amenaza de un proyecto de ley para “declarar en emergencia” el Ministerio
Público. Una primicia periodística reveló que fue pillado por cámaras de
vigilancia ingresando “ilegalmente” a las oficinas de su asesor, cuyas puertas
habían sido lacradas en un allanamiento dirigido por el (empoderado) fiscal
José Domingo Pérez.
Un áspero debate en el Congreso
entre el fujimorismo y el congresista Alberto de Belaunde fue la gota que colmó
la paciencia fujimorista con Daniel Salaverry, presidente de la Cámara, quien
hace tiempo tiene un “juego político propio” (desistió de comprar televisores y
frigo-bares y contratar un coronel del Ejército retirado con vocación de
policía político, ordenados por su antecesor fujimorista, Luis Galarreta), cuya
última decisión de autorizar la formación de nuevas bancadas -conforme al
reciente fallo del Tribunal Constitucional- lo ha enemistado con sus otrora
compañeros de bancada.
El fujimorismo en el Congreso presentó
una moción de censura contra Salaverry, que ha desencadenado una nueva oleada
de renuncias: cuatro congresistas renunciaron al fujimorismo, sin contar al
mismo Salaverry, a quien acusan de alinearse con el Presidente de la República
(ambos tienen pasado partidario en el APRA, por cierto) y lo llaman
públicamente “traidor”. La moción ha sido retirada, pero la bancada fujimorista
continúa desintegrándose.
De otro lado, Torre Tagle anunció
que el Perú ordenó el impedimento de ingreso al país para cien altos jerarcas
de la dictadura de Nicolás Maduro. Después de la obscena ceremonia de Maduro juramentándose
para un nuevo mandato tras una elección presidencial “fraudulenta” el año
anterior (no reconocida por los Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte
de América Latina), se llamó en consulta a la encargada de negocios en Caracas
y evalúa aplicar sanciones económicas-financieras. En los hechos, el Perú ha
roto relaciones diplomáticas con Venezuela.
Por último, el Congreso aceptaría
las observaciones al proyecto de ley que modifica la regulación de
estacionamientos privados. La ley que establecía regulaciones al servicio de
taxis por aplicativo también fue observada y varios congresistas estarían
dispuestos a revisarla. ¿Por qué ahora el Congreso no insiste como tantas veces
lo hizo -incluso prepotentemente- en los últimos dos años?, ¿será una señal más
del debilitamiento institucional del Congreso frente al Gobierno nacional,
políticamente fuerte?.
Seguiremos acalorados y siendo
testigos de más acontecimientos el primer mes del año.
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