Congreso boxeador

 

El Congreso golpea al Gobierno, como un boxeador golpea a su oponente en el cuadrilátero.

La semana pasada la Cámara aprobó la conformación de una comisión investigadora sobre la cifra real de fallecidos por la pandemia viral COVID-19. La comisión tiene noventa días para emitir un informe y señalas responsabilidades civiles, penales y administrativas.

Las cifras oficiales de fallecidos y casos acumulados de contagios no son creíbles y cada vez las agencias noticiosas recurren a la información del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), que reportaría más de 50 mil fallecidos. Más temprano que tarde, ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión constitucional de 2018 “se cargará” el SINADEF, porque está dejando en ridículo a su Gobierno. A la comisión no, por lo que muy pronto sabríamos la verdad oculta.

En la misma sesión la Cámara otorgó facultad investigadora a la (esperpéntica) Comisión de Defensa del Consumidor para investigar a los organismos reguladores de servicios públicos durante la pandemia. Fue iniciativa del congresista José Luna Morales, un “demagogo ramplón”. Aunque sus investigaciones no conduzcan a nada bueno, sí pondría en evidencia la interferencia del Gobierno en la autonomía de los organismos reguladores.

La insistencia de la Cámara con penalizar la especulación y el acaparamiento bajo el Estado de Emergencia es “papel mojado” en el Código Penal de 1991. Inaplicable. La insistencia con el ascenso automático del personal de salud pública es inconstitucional, porque equivale a “iniciativa de gasto”. Probablemente, acabará en el Tribunal Constitucional, que -en la práctica- funciona como la segunda cámara legislativa y revisora.

El último golpe del Congreso es la aprobación de la ley para devolver aportes del Sistema Nacional de Pensiones. Aprobada en la Cámara por 106 congresistas, 3 en contra y 15 abstenciones, permitiría que aportantes y ex aportantes (quienes no alcanzaron, mínimo, diecinueve años de aportaciones para acceder a la jubilación) de la Oficina de Normalización Previsional puedan recibir hasta 4,300 soles más una bonificación adicional equivalente a un salario mínimo.

Los congresistas a favor se llenan la boca hablando de “derechos de los aportantes”, “acto de justicia”, “leyes para el pueblo” y “dignidad de los aportantes”, pero ninguno contesta una simple pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero para devolver aportes y, al mismo tiempo, pagar las pensiones de los actuales jubilados si es un sistema de reparto sin cuentas individuales y parcialmente financiado con impuestos?. Los congresistas más cínicos alegan que “lo resuelva el Gobierno”. El Presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que la autógrafa será observada y, posiblemente, terminará en el Tribunal Constitucional.

Añadimos la aprobación de dos mociones de interpelación a la Ministra de Economía y Finanzas. El Congreso continuará golpeando, porque sabe que el “aventurero” está debilitado a causa de la pandemia y la recesión económica. Como en el boxeo, muy pronto vendrá el KO.