La falacia de los “conflictos sociales”

Nuevamente, protestas de comuneros en Apurímac contrarios a la explotación de la mina Las Bambas por la empresa MMG Limited, de capitales australianos.

Bloqueo de carretera: delito flagrante. Enfrentamiento violento con la Policía Nacional. Saldo trágico. Nuevamente, ciertos políticos, intelectuales y periodistas hablan de “conflicto social”. Según ellos, la sociedad peruana es “súper-conflictiva”. Es un nido de pujas y disputas.

¿Acaso no hay “conflictos sociales”?. En toda sociedad hay conflictos. Incluso en épocas de polarización política o crisis económica, la conflictividad social aumenta. Individuos o colectivos quieren hacer prevalecer sus intereses sobre otros. Para canalizar esos conflictos, surge el imperio de la ley. Instituciones y normas forjadas a lo largo del tiempo existen para resolver en beneficio de las mayorías con el menor perjuicio posible a las minorías. No siempre individuos o colectivos ganarán, porque debe prevalecer el interés mayoritario y la decisión debe acatarse en beneficio de la convivencia social.

¿Qué sucede cuando ciertos individuos o colectivos quieren hacer prevalecer sus intereses por encima de las instituciones y las normas que defienden el interés mayoritario?. En eso consisten los mal llamados “conflictos sociales”. Entonces el Estado debe restablecer el imperio de la ley. ¿Qué ocurre cuando, quienes alientan los “conflictos sociales”, los mueve una ideología totalitaria y un propósito político?, ¿qué pasa cuando apelan a mentiras y medio-verdades o aprovechan la ignorancia y la buena fe?. Así es el accionar de esa izquierda radical manipuladora y agitadora, que estimula la “lucha de clases”, “agudiza las contradicciones” en la sociedad, desea convulsionar el país y sueña con llegar al poder para “liquidar” el modelo económico heredado de la década de 1990 y hasta la democracia restaura en 2001.

Cuando políticos, intelectuales y periodistas hablan de “conflictos sociales”, pregonan el “diálogo” para resolverlos. Diálogo, negociación, acuerdos, actas, pacto social: nunca el imperio de la ley. Incluso culpan al Poder Ejecutivo por no haber propiciado el “diálogo” antes que surja el “conflicto social”. Suena lindo: dos partes se sientan alrededor de una mesa a “dialogar” y “negociar”, porque quieren alcanzar un acuerdo. No se contempla la posibilidad que alguna de las partes no quiera el acuerdo e insista en imponerse contra todo y todos. Puro “buenismo” de quienes, realmente, no creen en el imperio de la ley y para quienes toda protesta es válida y toda forma de protestar es justificada.

Por eso existen políticos, intelectuales y periodistas a quienes no le molesta que masas levantiscas y delictivas bloqueen carreteras, destruyan propiedad pública o privada, secuestren personas y hasta las humillen o golpeen, porque son agentes sociales en “conflicto” buscando una solución. Éste es un discurso utópico esbozando una humanidad angelical.

¿A dónde nos conducirá como sociedad esta perversión del lenguaje y esta degeneración de la política?. A nada bueno, creo.

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Noviembre 1992 / noviembre 2020

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