Elecciones libres son la verdadera expresión de la
voluntad popular y la base de la democracia. En el Perú debe quedar muy claro.
Por eso es obscenamente irresponsable que el
(siniestro) congresista fujimorista Luis Galarreta o los (sociópatas)
“fujitrolls” en las redes sociales Facebook
y Twitter “insinúan” que las elecciones
generales de 2016 fueron “fraudulentas”.
El fraude fue una constante en la historia política
del Perú desde el establecimiento del sistema de elecciones. Robo de urnas,
adulteración de cédulas, compra de votos, etc., fueron una constante. La
reforma electoral de 1896 la “institucionalizó” y el régimen oligárquico bajo
la “República Aristocrática” (1895-1919) fue incapaz de “democratizarse”
asegurando la pureza del sufragio. Recién en 1931 se celebraron las primeras
elecciones libres. Por primera vez se instauró la democracia en el Perú. Sin
embargo, el APRA se encargó en ensombrecer esos comicios, porque el caudillismo
ególatra de Víctor Raúl Haya de la Torre le impidió reconocer su derrota como
candidato presidencial.
Caída la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000
el gobierno de Valentín Paniagua se propuso celebrar elecciones libres para un
nuevo Gobierno y un nuevo Congreso. Para ello era necesario “purgar” la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la tarea fue realizada por el sociólogo
Fernando Tuesta. Casi todo el personal anterior fue despedido. También el
Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (RENIEC) fueron “purgados”, pero en menor medida. Tuesta dejó la jefatura
después, pero la eficacia de los tres organismos electorales permitió celebrar
elecciones, referendos y revocatorias de mandato sin mayores controversias.
“¡Y Cavassa!”, dirían Galarreta o un “fujitroll”.
José Luis Cavassa es un personaje sombrío. Antiguo trabajador del viejo Jurado
Nacional de Elecciones en la década de 1980, fue el organizador de su sindicato
de trabajadores. Cuando fueron montados la ONPE y el RENIEC en la década de
1990, Cavassa pasó a la ONPE y se volvió colaborador de un personaje patético
de triste recordación: José Portillo. Ambos fueron responsabilizados por el
fraude electoral del año 2000. Con la Transición, Cavassa fue procesado
penalmente, estuvo en prisión preventiva, pero fue absuelto. Al salir de la cárcel,
empezó a dar sus servicios a ciertos políticos manchando otra vez su
reputación.
Ya Cavassa está procesado penalmente por el caso “La
Centralita” de 2014. Hoy está involucrado en el escándalo de corrupción
relacionado al Consejo Nacional de la Magistratura. También estuvo vinculado al
ex congresista José Luna Gálvez. Se presume que en 2017 quiso (re)establecer
sus nexos con la ONPE, sin demasiado éxito.
¿Qué pasó con el “fraude”?. Cuando alguien denuncie un
fraude electoral, debe explicar cómo se hizo, cuándo se hizo, dónde se hizo y
quiénes lo hicieron. Si el único “indicio” es la supuesta influencia de Cavassa
con no se sabe quiénes, que Galarreta y los “fujitrolls” se queden callados,
porque son unos ¡irresponsables!.
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