Empieza el
frio invernal, pero continúan las noticias.
La elección
de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, la nueva entidad pública
que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura tras la reforma constitucional
aprobada por el Congreso y ratificada en referéndum el año pasado, se está
complicando.
De un
centenar de postulantes, quedaron ¡tres! finalistas: los abogados David Dumet y
Pedro Patrón más el ex fiscal Víctor Cubas. Dumet era cuestionado por su
parcialidad política. Cubas tiene buena trayectoria profesional, pero algunas
críticas por un par de decisiones suyas. Tras la entrevista personal, quedó
Patrón. Cuando iba a juramentar, medios de comunicación revelaron que tiene un
proceso penal por falsedad ideológica. Por varios años Patrón cobró sueldo de
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional mientras recibía una pensión de
jubilación del Jurado Nacional de Elecciones. La juramentación fue suspendida. Al
final, Patrón renunció. Un coro de voces políticas afirma que la elección a la
Junta Nacional de Justicia “fracasó”. Me le uno.
De otro
lado, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció los ejes de la renegociación de
los contratos de concesión vial con Línea Amarilla y Rutas de Lima: clausulas
anticorrupción (nadie se opondría), vías alternas (¡es competencia municipal!),
finalización de obras inconclusas en el viaducto El Derby y la carretera Ramiro
Prialé (trabadas por incompetencia municipal) y reducción de tarifas de los
peajes. El último punto es crucial, porque las fórmulas de cálculo son
malísimas, pero unas nuevas tampoco originarían una reducción tarifaria
significativa. No creo en una bajada mayor a un (nuevo) sol.
Muñoz
debiera hablar claro y no generar más expectativas, pero como es un
“improvisado” y “frívolo”, quien encima ha prometido anuncios en 45 días, el
problema lo rebasará y alimentará más las ansias de protagonismo de políticos
demagogos y abogados leguleyos.
Por su
parte, la próxima “Marcha del Orgullo Gay” en Lima tendrá como punto previo la
Plaza Bolívar frente al Palacio Legislativo. Los organizadores (entre ellos,
congresistas) lo pidieron al Presidente del Congreso y Su Señoría aceptó. Al
fin de cuentas, el mes pasado aceptó que el movimiento pacato “Con mis hijos no
te metas” hiciera un mitin en la misma plaza. Los fujimoristas pitean, pero
desde la década de 1990 la Plaza Bolívar está enrejada y enladrillada y,
personalmente, debieran derribarse y permitir libre tránsito (como antaño) y
que se concentren allí quienes quieran hacerlo.
Por último,
en el diario El Comercio el
politólogo Ignazio de Ferrari ha denunciado que personal migratorio en Tumbes
encargado de controlar el éxodo de venezolanos (a quienes ya se le exige
pasaporte y “visa humanitaria”) que ingresan al país por la frontera norte les
está impidiendo el derecho a solicitar refugio. Esta acción es ilegal y
contraviene tratados internacionales firmados por el Perú. El Ministro del
Interior debiera ser citado al Congreso para dar explicaciones.
Pese al
frio, seguiremos informando.
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