Cerdo quemado

 

Falta más de una semana para que Rafael López Aliaga renuncie a la Alcaldía de Lima. Si será candidato presidencial -y senatorial- en las elecciones generales del próximo año, deberá dimitir, máximo, el 12 de octubre, y está acabando como “cerdo quemado”.

Ya es evidente que la Vía Expresa Sur de López Aliaga no es una “vía expresa”, como sí lo es la Vía Expresa Paseo de la República. También es evidente que es una obra vial inconclusa: faltan señales de tránsito, faltan semáforos, faltan puentes peatonales, faltan trazados de cruceros peatonales y carriles de circulación, falta el retiro del desmonte, falta la evaluación técnica de hacia dónde se quiere conectar la vía. Será una tarea pendiente para los dos siguientes sucesores.

De otro lado, también es evidente que no habrá trenes de cercanía. López Aliaga “compró” esas locomotoras y esos vagones, los cuales -no hay duda- son chatarra. Más allá de la auditoría que ya está haciendo la Contraloría General de la República (no sorprendería que el informe sea publicado en plena campaña electoral), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá evaluar en el mediano plazo qué hacer al respecto, porque se ha gastado decenas de millones de dólares y no pueden arrogarse al agua. Por lo pronto, la concesionaria ferroviaria Ferrocarril Central Andino “se bajó” públicamente del proyecto de trenes Lima-Chosica. López Aliaga aún no ha dicho ni una palabra.

Por último, la concesionaria vial Rutas de Lima, cuyo mayor accionista es Brookfield Corporation, un fondo de inversión canadiense, ha anunciado la disolución y liquidación de Rutas de Lima como empresa, de acuerdo a la Ley General de Sociedades de 1994. Brookfield alega que, fundamentalmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima le ha quitado más del 50% de ingresos por recaudación de peajes. También incluye al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, pero el primer enemigo de Rutas de Lima ha sido López Aliaga. El sujeto se ha “alegrado” por la noticia. Sin embargo, él ni nadie ha ganado.

Brookfield ha mencionado que Rutas de Lima continuará cumpliendo sus compromisos contractuales, como lo ha hecho hasta ahora. El proceso de disolución y liquidación podría tardar entre uno o dos años. Accionistas y acreedores decidirán el destino del título de la concesión vial. Posiblemente, la venta. En ningún momento Rutas de Lima ha señalado que devolverá la concesión vial. No obstante, por el comunicado, Brookfield llevará a Perú ante el CIADI, el centro arbitral del Banco Mundial (Perú tiene más una veintena de casos allí), para exigir la indemnización por toda la inversión realizada en más diez años, además del lucro cesante y el daño emergente. Una cifra total que alcanzaría los varios miles de millones de dólares, sin considerar los carísimos laudos arbitrales ya perdidos por los cuales también se deberá pagar (al final, lo hará el Ministerio de Economía y Finanzas) si todavía interesa que Perú sea un país confiable y seguro para la inversión privada.

López Aliaga, con esa mochila acuestas, suerte si consigues una senaduría.