El 22 de noviembre se cumplieron veinte años de la transición a la democracia.
Por primera vez en nuestra historia, hemos tenido sucesivos comicios libres y traspasos ordenados y pacíficos de autoridad. Con algunos altibajos y sin un sólido sistema de partidos políticos, los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczysnki garantizaron cierta estabilidad política. Estabilidad “a la peruana”, como decía el politólogo Carlos Meléndez. Gracias al modelo económico heredado de la década de 1990, aplicado en democracia, hubo una relativa prosperidad, que permitió una significativa reducción de los porcentajes de pobreza y pobreza extrema, además del aumento en indicadores de desarrollo humano. Ha faltado bastante, pero nadie podrá negar que fueron años extraordinarios, en los cuales el país avanzó.
A partir de las elecciones generales de 2016, la situación comenzó a cambiar. La estúpida e infantil negativa de doña Keiko F., ex congresista, lideresa del fujimorismo y dos veces candidata presidencial, a aceptar su derrota electoral y el afán de la “revancha política” desde el Congreso empezaron a debilitar el régimen democrático. Con la negativa a aceptar la derrota, Doña Keiko, los fujimoristas y sus simpatizantes “se cargaron” un pilar de la Transición en 2001: en la democracia cabían todas las opciones políticas. Ya no: el adversario era un enemigo y el enemigo debía ser destruido. Para justificar la guerra político-ideológica, los fujimoristas primero y después los anti-fujimoristas “se cargaron” otro de los ideales de 2001: la memoria histórica. Recordar qué nos había sucedido realmente como país en los últimos decenios para no repetirlo. Tergiversaron el pasado o, simplemente, lo ocultaron. Por eso hoy tenemos tantas bocas hablando de “democracia”, a pesar que conocen nada o casi nada sobre la historia del Perú.
La estabilidad política empezó a quebrarse tras la sucesión constitucional de 2018. Con la excusa de la “lucha anticorrupción” (la corrupción es un mal endémico, que tiene causas culturales e institucionales), el gobierno de Martín Vizcarra fomentó el odio, alentó la confrontación y agudizó las divisiones, socavando las instituciones y el imperio de la ley. Todo fue una farsa, mientras el Palacio de Gobierno era convertido en una sentina. Por afinidad política o intereses particulares, ciertas elites y grandes medios de comunicación guardaron silencio, miraron para otro lado y hasta aplaudieron fechorías, abusos y leguleyadas. También hubo turbas en las calles y encuestas de opinión “legitimadoras”. Lo vimos con el “asalto” al Congreso el 30 de septiembre del año anterior.
La destitución presidencial en el Congreso alarmó a quienes tenían mucho que perder con la nueva sucesión constitucional. Agitaron las aguas. Como los caudillos militares del siglo XIX o la antigua oligarquía en la “República Aristocrática” (1895-1919), sacaron masas a las calles gritando “viva la democracia” y “abajo el golpe”, pero fue en los cenáculos -y el ciberespacio- donde decidieron y alentaron la caída del gobierno de Manuel Merino propiciando otra sucesión constitucional: la tercera en tres años. Así “se cargaron” el último pilar del espíritu de 2001: la democracia debía durar. No más: la democracia durará sólo si sirve a los propósitos de ellos. De lo contrario, apelarán al golpismo y la subversión.
El
Presidente de la República es un político decente y competente, pero su
Gobierno en el interinato está aupado por quienes frotaron la lámpara mágica de la
anarquía y han dejado salir un genio “del Bicentenario”, moralista, fanatizado
y muy intolerante, que creció en democracia, pero que la valora mucho menos que
quienes la recibimos hace veinte años.
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