Este domingo 22 de octubre el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) realizará el XII Censo de Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas.
En el Perú los censos se rigen por la vieja “Ley de
Censos” de ¡1959!, la cual establecía sanciones administrativas y hasta penales
por no contestar las preguntas que formulara el empadronador. En esa época los
censos eran realizados por la Dirección de Estadísticas y Censos. En 1991 se
eliminaron las sanciones penales, pero quedaron las administrativas, que fueron
ratificadas en 2001 durante el gobierno de Valentín Paniagua. Contra ese
decreto supremo un peruano-belga ha presentado una acción de amparo ante el
Poder Judicial, porque es su "derecho constitucional" guardar reserva
sobre sus creencias religiosas.
Un censo es recojo de información para procesarlo en
una base de datos, lo cual requiere colaboración de encuestados. Es un acto de
civismo, por lo que esas multas vulneran derechos constitucionales. Incluso pagando
la multa, el INEI pretendería insistir con obtener respuestas a las preguntas
del cuestionario. ¡Inaceptable!. Contestaré las preguntas que desee responder y
el INEI no puede obligarme a contestar si no quiero. Incluida la pregunta sobre
la “autodefinición étnica”: ¿se considera quecha, aimara, mestizo, blanco,
negro, etc.?.
Sin embargo, hay algo más serio aun. Se ha vuelto
costumbre del INEI declarar “orden de inamovilidad”. Para este domingo nadie
podría salir de casa entre las 8:00am y las 5:00pm. No habría transporte
público. Los comercios no abrirían. No habrá cultos religiosos y no se
permitiría reuniones. En fin, prohibiciones (ya no sé bien cuáles), pero que sin
ningún sustento jurídico. Esta mentada “inamovilidad” (como si el país fuera un
cuartel militar) pretende violarnos la libertad de tránsito, la libertad de
reunión, la inviolabilidad domiciliaria y la libertad personal, con la amenaza
de detención en una comisaría policial, hasta las 5:00pm.
Creo que la “inamovilidad” data de 1993 cuando el INEI,
con el terrorismo latente, realizó el censo poblacional y de vivienda. No
obstante, en democracia, esa “inamovilidad” es también inaceptable. Un habeas corpus ante el Poder Judicial es suficiente para “tumbársela”. ¿Por qué el INEI
insiste en paralizar el país y meter miedo?.
En 2005 el INEI bajo el gobierno de Alejandro Toledo
realizó el correspondiente censo poblacional y de vivienda, pero con ejecución
y metodología no realizadas hasta entonces. Era el llamado “censo continuo”,
realizado durante todo un mes, en lugar de concentrar todo el trabajo censal en
un solo día. Así las pérdidas por paralizar la actividad económica dominical son
reducidas al mínimo. En 2007 el gobierno de Alan García tildó de “estafa” al
censo anterior y ordenó realizar uno nuevo ese año, con la misma ejecución y metodología
de antes.
Volvemos al civismo. Al final, el INEI depende de
todos nosotros para que el censo sea exitoso: objetivo que nunca conseguirá con
amenazas e improvisación. De lo contrario, habrá sido un gasto inútil de dinero
público.

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