El Gobierno
nacional presentó al Congreso el proyecto de reforma constitucional anunciado
por el Presidente de la República el 28 de julio pasado para adelantar las
elecciones generales un año.
El posible
adelanto despierta simpatías ciudadanas. Varios medios de comunicación repiten
que es un “paso al costado” y un “ejercicio democrático”, porque se ratificaría
en referéndum. Oficialistas y oficiosos también aplauden la iniciativa. Oportunistas
sonríen. “Rojos” y “rojimios” están felices. Su Excelencia “se va”, pero no
renuncia y seguiría en el cargo.
Esa
iniciativa del Presidente de la República no beneficia al Estado, porque las
grandes decisiones de la administración pública se paralizarían. Tampoco
beneficia a la economía, porque empresarios e inversionistas están preocupados.
La incertidumbre ahuyenta inversiones, que crean riqueza, generan empleo y producen
bienestar. Menos beneficia a la democracia, porque -otra vez- iríamos a
elecciones con las mismas reglas para partidos y movimientos políticos. No hay
garantía que un nuevo resultado de las ánforas sea mejor. Menos a la
ciudadanía, porque le hace creer que el “clamor del pueblo” puede “pisotear” el
imperio de la ley.
A Su
Excelencia no lo votó nadie (directamente), pero la sucesión constitucional de
2018 le dio legitimidad para ejercer el poder hasta 2021. Hay algunos logros
sectoriales (reducción del déficit fiscal, Política Nacional de Competitividad,
combate a la minería ilegal en Madre de Dios, etc.), pero por incompetente y narcisista
el Presidente de la República “se cargó” contratos petroleros en Piura, “se
cargó” la regulación tarifaria de agua potable en Moquegua, “se cargó” el
Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para venezolanos, “se cargó un Ministro
de Economía y Finanzas (David Tuesta), “se cargó” la bancada oficialista, “se
cargó” la bicameralidad (¿quién dijo sí y después no?), “se cargó” el Consejo
Nacional de la Magistratura (¡ya nadie habla de la inoperativa Junta Nacional
de Justicia!), “se cargó” el Oleoducto Norperuano (no impidiendo el sabotaje de
nativos), se quiere “cargar” las medicinas genéricas con una ley manipuladora
de la oferta y la demanda y la legislación de minería (junto al proyecto Tía
María en Arequipa) y ahora desata una crisis política para “cargarse” el
cronograma electoral.
Dudo mucho
que el Congreso le apruebe a Su Excelencia la reforma constitucional. Que lo acepte
y no presione. No creo que este “aventurero” renuncie. Sólo si presionara, el
Congreso debe destituirlo. Ojalá no haya otra sucesión constitucional: con la segunda
vicepresidenta Mercedes Aráoz para completar el mandato, porque ella carece de
respaldo político. En su defecto, asumiría el presidente del Congreso, Pedro
Olaechea. Así habría elecciones anticipadas bajo la línea sucesoria
constitucional, aunque él tendría mucha resistencia política y social. Su
cercanía con el APRA y el fujimorismo no ayuda.
Que el
Presidente de la República acepte si el Congreso le rechaza su proyecto de
reforma constitucional. La decisión final sería de él.
No hay comentarios:
Publicar un comentario