Espectáculo patético y vergonzoso. Serenos uniformados de los distritos
capitalinos de San Isidro y Magdalena del Mar peleándose en plena vía pública, frente
a efectivos de la Policía Nacional y filmados por camarógrafos de televisión.
No es la primera vez. Sea por licencias de
edificación, colocación de paneles de publicidad institucional o celebración de
actividades públicas (como el reciente concierto gratuito del saxofonista Jean
Pierre Magnet y sus asistentes “bañados” por agua de aspersores) estos
emblemáticos municipios mesócratas muestran una ridícula incapacidad mutua para
resolver este conflicto limítrofe.
No es el único conflicto limítrofe en el Perú. En el
caso de Lima, tampoco: San Martín de Porres e Independencia tienen uno, que la
Presidencia del Consejo de Ministros pretende resolver con un proyecto de ley
enviado al Congreso y que ya tiene rechazo vecinal. Respecto a San Isidro y
Magdalena del Mar, el alcalde de este último (en 2009 fue Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento bajo el gobierno de Alan García) ha pedido la
intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero su contraparte del
otro municipio (el hombre de las “enormes cejas”, quien además fue jefe de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria durante el gobierno de Alejandro Toledo)
es intransigente y afirma que sólo impone “el principio de autoridad”.
¿Por qué este conflicto?. Cuando en 1931 la Junta
Nacional de Gobierno presidida por el ex senador David Samanez Ocampo creó mediante
decreto-ley el distrito de San Isidro (¿para qué?, únicamente Dios sabe) quitándole
una parte de territorio a Magdalena del Mar fijó unos límites que hoy en día nadie
conoce bien dónde están. Ahí está el resultado de esa tradición política de
crear municipios por intereses clientelares, que en 2014 el Congreso ha resucitado
después de once años creando el distrito de Mi Perú, a partir de Ventanilla en
el Callao.
¿Cómo resolver los conflictos limítrofes?. Empezando
con San Isidro y Magdalena del Mar, el congresista Mauricio Mulder propuso una
idea interesante: ¿por qué no consultar a la ciudadanía involucrada mediante referéndum?.
La Constitución de 1993 y la Ley de Participación y Control Ciudadanos de 1994 permiten
que el Jurado Nacional de Elecciones convoque a referéndum en materias de
descentralización (delimitación territorial, por ejemplo) para que la Oficina Nacional
de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
se encarguen de preparar y realizar la consulta popular. Si los alcaldes dicen
que representan los intereses de sus vecinos y vecinas (algo de lo que siempre
dudo, por cierto), no debieran rechazar una iniciativa así. Que las ánforas
hablen y gane la solución con mayor porcentaje de votos válidos. Eso es la democracia.
Si San Isidro y Magdalena del Mar lograsen resolver
este antiguo conflicto limítrofe mediante un referéndum, este método podría
reproducirse al resto del país. Que den ejemplo de institucionalización y no se
pasen del límite, de nuevo.
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