Hace un año estalló el “escándalo Odebrecht” con la
revelación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Es la trama de corrupción en América Latina
(Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México,
Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela) y África (Angola y Mozambique)
relacionada con la poderosa empresa constructora brasileña Odebrecht. En el
Perú, entre 2005 y 2014, Odebrecht habría pago alrededor de 29 millones de
dólares en sobornos para beneficiarse con obras de infraestructura bajo los
gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Otras
constructoras brasileñas, OAS, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa también pagaron
sobornos. Todas están dentro de la investigación “Lava Jato”.
Salvo la izquierda radical y el fujimorismo, el
decreto de urgencia 003 del Presidente de la República y su Gobierno a inicios
de este año fue aplaudido. Establecía que las empresas sentenciadas por pagar
sobornos o que hayan admitido entregar sobornos a fin de beneficiarse con contratos
no puedan realizar transferencias al exterior. Incluía venta de activos,
acciones, utilidades o dividendos, reducción de capital o liquidación parcial o
total. La suspensión era hasta el pago íntegro de la reparación civil, dinero que
iría a un fideicomiso. La venta requería autorización previa del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. También afectaba a compañías consorciadas o socias
con participación no menor a 10% en proyectos conjuntos.
La mayoría absoluta fujimorista en el Congreso
modificó el decreto rebajando la valla del 10% al 5%, por lo cual quedarían incluidas
las constructoras peruanas consorciadas o socias. La presión mediática (¡ay, los
periodistas!) consiguió la modificación, cuya consecuencia sería la inhibición
de la inversión privada en infraestructura. El Poder Ejecutivo podría observar
la modificación. Además, dos procuradoras públicas (abogadas vanidosas con alma
pleitista), que salieron de sus cargos “victimizándose”, querían bloquear innecesariamente
con orden judicial la venta de activos de Odebrecht en varios proyectos de
inversión, afectando las actividades económicas conexas, mientras decían a la
platea que luchaban contra la corrupción.
También ha habido detenciones de supuestos implicados
por los casos IIRSA Sur, Gaseoducto Sur Peruano y obra civil de la Línea 1 del
Metro de Lima. Todos aún sin acusación fiscal, por cierto. El Ministerio
Público ha pedido y sigue pidiendo al Poder Judicial prórroga en los plazos de
investigación, pero tiene en contra el tiempo por exceso de carcelería.
Sin embargo, al margen del show barato en la
“Comisión Lava Jato” del Congreso (aún no sé qué está investigando), la
ciudadanía parece percibir que poco se ha avanzado respecto al “escándalo
Odebrecht”, porque no ha habido una “estrategia”. No estrategia de “lucha contra
la corrupción” sino de “investigación y sanción por la corrupción de Odebrecht
y las demás constructoras brasileñas”.
¿Cómo debe ser la “estrategia”?. Conocer la verdad
(en cuáles casos hubo corrupción y en cuáles no, cómo ocurrió la corrupción y
cuáles delitos se cometieron, cuánto dinero “corrió”) e identificar a quienes
participaron (“testaferros”) para ofrecerles menor pena de cárcel o mayor
facilidad para pagar la reparación civil (es importante la “colaboración
eficaz”), a cambio que cuenten todo y colaboren en la captura de los “peces
gordos”: quienes desempeñaron la función pública más alta y tomaron las
decisiones políticas en la trama.
Falta más por ver, oír o leer respecto al “escándalo
Odebrecht”.
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