El acuerdo con Odebrecht

El Ministerio Público firmará el “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios” con la empresa constructora brasileña Odebrecht y este acuerdo no es del agrado de ciertos personajes.

Este acuerdo es parte de la colaboración que Odebrecht tiene con la fiscalía especializada en la “operación Lava Jato” para revelar la mega-corrupción de esta empresa constructora con el Estado, entre 2005 y 2014, y poder acusar a participes, cómplices y beneficiarios.

Hasta donde se sabe, el acuerdo tiene cinco puntos: el primero es el monto de la reparación civil. La cifra sería 675 millones de soles. Además, el pago se haría en 15 cuotas anuales, a partir de una primera de 80 millones este año. Odebrecht pagaría “la mitad” de lo que la Contraloría General de la República había calculado en daños: 1,250 millones de soles.

El segundo punto es sobre las obras cuestionadas. Odebrecht reconoce responsabilidad por actos de corrupción en la obra civil de la Línea 1 del Metro de Lima, los tramos 2 y 3 de la carretera IIRSA Sur, la autopista Costa Verde Callao y la Vía Evitamiento en Cusco. Obvio, el acuerdo no impediría que se pueda investigar a Odebrecht por otras obras, si se hallasen indicios.

El tercer punto es que Odebrecht pueden volver a participar en licitación de obras públicas o concesión para infraestructura con el Estado. Sin contar que, según la alta gerencia de la empresa, Odebrecht ya no estaría interesada en obras públicas sino en el ¡negocio inmobiliario!, se necesita que siga funcionando para cobrarle.

El cuarto punto es que Jorge Barata, el ex CEO de Odebrecht Perú, no será acusado, a cambio se convertirá en “colaborador eficaz” y contará todo lo que sabe. Al fin de cuentas, Barata no es peruano y él ya enfrenta a la justicia de Brasil. En el último punto, Odebrecht se compromete a entregar toda la documentación, incluso a que sus ejecutivos vengan al Perú para colaborar o declarar, si se requiriese.

El acuerdo se sustenta en la ley que “asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos” del año pasado, la cual reemplazó al decreto de urgencia de 2017. Durante el debate en el Congreso, se indicó que la ley garantizaba la operatividad de las empresas investigadas, además de incentivarlas a participar como colaboradoras eficaces. El fujimorismo y el APRA la votaron, junto a otros grupos políticos. Sin embargo, fujimoristas y apristas ahora están contra el acuerdo de la fiscalía.

Parte de la demagogia fujimorista y aprista -con comparsa mediática- es que Odebrecht debe irse del Perú, pero si se fuera, no habría reparación civil ni colaboración eficaz. Sin contar la afectación a proveedores y acreedores. También alegan que 15 años es un plazo muy largo para una reparación civil tan “pequeña”. No obstante, Odebrecht no tendría liquidez suficiente para pagar un monto más elevado e inmediato. Intentar cobrarle más y ya, sería absurdo.

En lo personal, castigar a Odebrecht no es primordial sino a quienes la utilizaron para enriquecerse en agravio del Estado.