El 24 de
junio de 1969 ocurrió un hecho que cambió al Perú: la reforma agraria.
Hasta 1969
en el campo existía el sistema de haciendas, heredado de la colonia española.
En la costa existían las haciendas agroexportadoras, muy tecnificadas, pero en donde
todavía había relaciones “pre-capitalistas” entre patrón, obreros y campesinos.
Por lo general, pertenecían a familias acaudaladas. En la sierra también existían
haciendas, pero cuya productividad había descendido desde la década de 1920. En
la sierra las relaciones entre gamonales (hacendados) con peones y campesinos (indígenas)
eran “cuasi-feudales”, donde había pobreza y explotación.
Los
hacendados eran el núcleo de la “oligarquía”, cuyo poder político y económico declinaba
desde la década de 1950. Acabar con las haciendas era parte del mensaje programático,
primero del APRA y el Partido Comunista. Después, de “rojos” y “rojimios”. En
1957 se creó una comisión de estudio de la reforma agraria, pero para aumentar
el área cultivable y la productividad. Por desgracia, el discurso político exigía
el reparto de tierras. Tierras para quienes las trabajan, pensando en los
campesinos. Ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas o gerentes no interesaban.
En 1964 el
Congreso aprobó la primera ley de reforma agraria. Todos los predios rurales
eran expropiables. Las tierras ociosas o incultas eran afectables. Una enmienda
constitucional permitió que las expropiaciones para la reforma agraria no fueran
previo pago del justiprecio sino a plazos o armadas o cancelada con bonos de
aceptación obligatoria. Las haciendas expropiadas podían convertirse en “cooperativas
agrarias” y el propietario podía pelear en la justicia civil la cuantía de la
afectación y el monto de la indemnización. Los predios para agro-exportación
eran afectables sólo “hasta un límite indispensable” para proteger la actividad
económica. Está garantía de seguridad jurídica fue la “excepción azucarera”,
que disgustó a “rojos” y “rojimios”.
Para 1969
la dictadura del general Juan Velasco Alvarado promulgó el decreto-ley de
reforma agraria. La madrugada del 24 de junio tropas del Ejército tomaron las
grandes haciendas costeñas. Velasco eliminó la “excepción azucarera”, pero no
sólo expropió tierras sino también las empresas (con los libros contables), las
casas-haciendas, la maquinaría, las cuentas bancarias y hasta dinero en
efectivo. Velasco también redujo los límites de tierra expropiable en costa y
sierra (se expropiarían más de nueve mil haciendas), prohibió la negociación o
transferencia de los bonos (aún no se terminan de pagar), instauró la “justicia
agraria” (vigente hasta 1991) e impuso la colectivización. En la costa se fundaron
las “cooperativas agrarias” y en la sierra, las “sociedades agrarias”. La
Dirección de Reforma Agraria las intervenía y autorizaba la parcelación de
tierras, pero todo con criterio político.
Demagogia,
falta de inversión, insolvencia y corrupción de los primeros años se sintieron
a mediados de la década de 1970 cuando la producción agraria cayó en picada,
mientras las importaciones de alimentos crecían. Al final, fue un holocausto,
que causó caos, zozobra y miseria. Los efectos económicos todavía repercuten
hasta el presente.
Las
antiguas relaciones patronales desaparecieron. El viejo poder oligárquico fue destruido.
En la costa, la “desestructuración” del mundo rural acrecentó la migración poblacional
a Lima y otras ciudades, pero en la sierra la desaparición de los gamonales y la
posterior inacción estatal permitieron el surgimiento del terrorismo de Sendero
Luminoso.
La reforma
agraria debe ser vista por las promesas formuladas y los resultados producidos.
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