Para los reporteros presentes esa
noche en el Palacio de Gobierno iba a ser una conferencia de prensa, en la cual
la Ministra de Salud hablaría sobre la hospitalización del migrante de Guinea
supuestamente infectado con el virus del ébola y las medidas preventivas contra
esa pandemia.
No fue así. La Presidenta del
Consejo de Ministros aprovechó el evento para arremeter contra la comisión del
Congreso que investiga el irregular resguardo de la Policía Nacional a la
vivienda de Oscar López Meneses, sindicado como socio delictivo del ex asesor
de inteligencia Vladimiro Montesinos. El presidente de la comisión ha pedido al
Presidente de la República que declare ante el grupo de trabajo, porque varios
indicios señalarían que la custodia policial sí contó con la aprobación del
Poder Ejecutivo.
En año pasado la periodista
Cecilia Valenzuela reveló que López Meneses, a quien el Ministerio Público y el
Poder Judicial procesaron y juzgaron por haber pertenecido a la mafia de
Montesinos, tenía un vasto despliegue policial para proteger su vivienda en un elegante
barrio de Lima. Para colmo, esta vigilancia estaba encubierta como si fuera para
la vivienda del entonces Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Inicialmente, fue tildado como un caso de “corrupción policial”, el escándalo político
acabó involucrando desde la Marina de Guerra hasta la Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco.
He aquí la pregunta: ¿quién es
López Meneses para merecer protección permanente de la Policía Nacional?.
Durante la década de 1990 López Meneses estuvo vinculado a la dictadura de
Alberto Fujimori. En 2006 apoyó a Su Excelencia cuando fue candidato
presidencial por primera vez para las elecciones: cercanía que motiva las
sospechas actuales. Posteriormente, fue cercano a un “hombre fuerte” dentro del
gobierno de Alan García. Sería excelente que López Meneses explicara sus “contactos”,
pero rehúsa declarar ante la comisión parlamentaria.
El Presidente de la República ha
insistido que no conoce a López Meneses, pero la oposición y el periodismo
crítico no le creen. Las coincidencias tampoco le ayudan: su hijo menor asiste
al mismo centro educativo inicial que el hijo del vigilado. Su Excelencia
debiera declarar ante la Comisión, pero voceros oficialistas aseguran que es inconstitucional.
Falso. En 1967 una comisión de la
antigua Cámara de Diputados que investigaba el contrabando de bienes para los
bazares militares pidió las declaraciones del presidente Fernando Belaunde y
aquél se las concedió dentro del Palacio de Gobierno. En 2004, durante el
gobierno de Alejandro Toledo, una comisión del Congreso investigó el caso “firmas
falsas de Perú Posible”, también solicitó las declaraciones del primer mandatario
y éste accedió. En las dos ocasiones nadie invocó la supuesta
inconstitucionalidad.
Un refrán popular dice “Quien
calla, otorga”. El Presidente de la República no entiende que su terco silencio
lo convierte en cómplice y levanta más sospechas respecto a este escándalo político
que afecta a su Gobierno. Ojalá cambie de opinión.
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