Según las constituciones de 1979
y 1993, el Presidente de la República pierde el cargo por muerte, renuncia,
salida del país sin permiso parlamentario o no volver al vencimiento de éste o
incapacidad física permanente declarada por el Congreso.
También cuando el mandatario es
denunciado por impedir la celebración de elecciones, traición a la Patria
durante guerra externa, disolver inconstitucionalmente el Congreso, no hacer
cumplir las decisiones del Ministerio Público y el Poder Judicial e impedir el
funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y demás organismos
electorales.
Sin embargo, hay una causal muy
invocada en la historia política del Perú reciente: incapacidad moral
permanente. Si el Presidente de la República comete una inmoralidad tan grave
que lo anula para seguir conduciendo al Estado y personificando a la Nación,
desde 2003 el Congreso puede destituirlo con mayoría calificada de los
integrantes de la Cámara. ¿Quiénes determinan esa “incapacidad moral”?. Los
mismos integrantes de la Cámara, quienes durante la crucial decisión deben
encarnar los valores morales y principios éticos de la sociedad. El imperio de
la ley y la institucionalidad están por encima de tal o cual persona.
La “incapacidad moral” es una
causal subjetiva. Si el Congreso la tomase a la ligera, vulneraría
peligrosamente la democracia y socavaría la autoridad presidencial. Abriría la
puerta al autoritarismo y la arbitrariedad, como pasó en Venezuela, Bolivia,
Ecuador y Argentina.
Volviendo al Perú. Un minero
ilegal llamado Víctor Chaduvi ha denunciado que él y sus colegas en la minería
ilegal (nada pobres, por cierto) dieron dinero a las campañas del Presidente de
la República cuando fue candidato para las elecciones generales de 2006 y 2011.
En Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa, Piura, Cajamarca, Ica, Lima y La
Libertad, la minería ilegal mata animales salvajes, depreda bosques, destruye
las tierras agrícolas, contamina ríos (altera el ecosistema) y conlleva otras
actividades delictivas como narcotráfico, contrabando de explosivos,
explotación sexual y corrupción judicial o policial.
Por las medidas que el Gobierno
nacional realiza desde 2011 (parcialmente, heredadas del gobierno de Alan
García) para erradicar la minería ilegal y formalizar la minería artesanal,
Chaduvi pidió formalmente al Congreso la destitución presidencial por “incapacidad
moral permanente”. Su Excelencia no habla sobre la denuncia, la Presidenta del
Consejo de Ministros ha reiterado que no hubieron aportes de la minería ilegal
(todos los aportes fueron reportados a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales) y los congresistas oficialistas declararon que había “tufo
golpista” tras el pedido.
Chaduvi puede pedir que hasta los
cerdos vuelen, pero que el APRA y el fujimorismo dieran alas al minero ilegal
para envalentonarse y desafiar al Presidente de la República (ya golpeado por
el caso Oscar López Meneses) es grave. Ahora lo niegan, pero así fue.
¿Permitiremos que el “moralmente
incapaz” Chaduvi de lecciones de moralidad y ética al país?. Ojalá no.
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