De sorpresa, la Presidenta de la República renovó parcialmente su gabinete y reincorporó al polémico abogado Juan José Santiváñez como nuevo Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Por presión popular, Santiváñez fue censurado como Ministro del Interior por el putrefacto Congreso, porque era un incompetente: durante el tiempo que ejerció ese cargo, la delincuencia común y la criminalidad organizada se dispararon en cifras de muertos y heridos. Irreverente e inescrupuloso, Santiváñez siempre tenía una excusa para todo. Sin embargo, el servilismo hacia Su Excelencia le granjeó la gratitud de ella, quien lo mantuvo cerca y ahora lo premia reincorporándolo al gabinete ministerial. Santiváñez es, esencialmente, un arribista: cree que convirtiéndose en el sirviente de la Presidenta de la República y el niño consentido de los sectores “de derecha” ascenderá muy alto. Este individuo, quien no ha ocultado su deseo de participar en las elecciones generales del próximo año (el periodista Nicolás Lucar asegura que Santiváñez conseguirá su senaduría), ha regresado al gabinete ministerial para dos tareas fundamentales que interesan demasiado en el Palacio de Gobierno y el Palacio Legislativo.
La primera es la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, también conocida como el Pacto de San José. El sueño húmedo de los sectores “de derecha” desde varios años atrás es el retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1999 la dictadura de Alberto Fujimori desconoció la competencia de ambos organismos supranacionales, pero nunca denunció el Pacto de San José. ¿Por qué lo hizo? Por el mismo motivo que se pretende hoy: que determinados militares y policías, quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante los años de la violencia terrorista, no paguen por sus delitos. De nada sirve alentar o sancionar leyes de prescripción delictiva o amnistías si -como reconoció torpemente el abogado y ex regidor metropolitano Ángel Delgado en Costa Rica- los jueces pueden invocar control difuso o control de convencionalidad y no aplicar aquellas normas legales.
¿Retirar a Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos beneficia a las mayorías?. De ninguna manera. Los sectores “de derecha” mentirán tanto como respirarán diciendo que la CIDH o la Corte IDH “liberaron terroristas” o incluso que liberaron delincuentes, pero carecen de evidencias para sustentar su engañoso relato. No obstante, como muchas personas en este país fantasean con la pena de muerte como solución mágica contra los criminales, el malogrado Gobierno nacional y el putrefacto Congreso podrían anunciar en los próximos días que mandaremos al diablo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para restablecer la pena capital. Ignoro si Santiváñez y quienes están detrás de él conocen que la denuncia del Pacto de San José es un proceso largo que puede demorar dos o tres años. Mientras tanto, todos los casos peruanos que lleguen a la CIDH o la Corte IDH seguirán en curso hasta la retirada efectiva del país.
La segunda tarea: “descabezar” el Ministerio Público y el Poder Judicial so pretexto de una “reforma”. Acá también se busca impunidad: que Su Excelencia no enfrente la justicia por las denuncias de corrupción administrativa y supuestas violaciones a los derechos humanos, que los políticos “de derecha” quienes la respaldan desde el Parlamento o aquellos funcionales a éstos no paguen por las fechorías perpetradas, que el propio Santiváñez no rinda cuentas por todos sus actos cometidos. En este momento, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con todos sus defectos y vicios, están evitando que la democracia restaurada en 2001 se termine de desmoronar.
Por
fortuna, el tiempo no juega a favor de estos trúhanes, que -inevitablemente- se
irán el siguiente año, pero que están dando sus últimos coletazos.
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