Primer mes del año, hace mucho calor y los hechos en
el Perú continúan.
El Gobierno nacional promulgó 112 decretos
legislativos al amparo de las facultades delegadas por el Congreso en 2016: 65
por reactivación económica (incluyen los decretos sobre deducciones tributarias
y modificación de tasas impositivas, con los cuales no concuerdo) y
formalización (simplificación administrativa bastante ambiciosa), 33 por
seguridad ciudadana (hay buenos decretos como reorganización penitenciaria, un
Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, la extensión del beneficio por
“colaboración eficaz” a cabecillas de bandas criminales y malos como la pretensión
de cobrarnos arbitrios municipales en los recibos de electricidad para
financiar las unidades de Serenazgo), 9 por lucha contra la corrupción (la
creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y la Procuraduría General
del Estado, mayor ampliación de la “responsabilidad penal” de las personas
jurídicas, etc.), 4 por agua y saneamiento (incluyen decretos sobre
modernización y fusión de empresas de saneamiento y el Fondo de Inversión Agua
Segura, pero no elimina el burocrático Organismo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamiento, OTASS, creado en 2013) y uno por PETROPERU, la
refinería de Talara y el Oleoducto Norperuano. Excepto el polémico decreto que
transfiere el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas al Ministerio de
Salud, probablemente, el Congreso ratifique todos.
Por otro lado, el Poder Judicial falló a favor del
viejo economista Oscar Ugarteche ordenando al Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC) inscribir el matrimonio con su pareja
hombre contraído en México hace siete años. En 2012 el RENIEC se rehusó, porque
en el Código Civil de 1984 sólo reconoce el matrimonio entre hombre y mujer. Su
abogado recurrió a la vía judicial alegando que prima la igualdad ante la ley
garantizada en la Constitución de 1993. El RENIEC apelará y el caso podría llegar
al Tribunal Constitucional. Es un hito en el Perú y lo sabe la congresista
Tamar Arimborgo, abogada y pastora evangélica, quien creyéndose en una batalla
teológica dentro de la guerra escatológica nos llama a rechazar esta “arremetida
LGTB”, en defensa de los “valores cristianos, la familia y el orden natural”.
Por último, la concesionaria vial Rutas de Lima empezó
el cobro del peaje en la ruta norte-sur en Puente Piedra. Al rechazo inicial de
quienes circulan por ese tramo de la carretera Panamericana Norte, estalló la
violencia. Turbas destruyeron las garitas y se enfrentaron a la Policía
Nacional. El cobro se reinició, pero el alcalde de Lima, Luis Castañeda, es
ambiguo: dijo que él quisiera hacer algo, pero “está atado de manos”. Para el
regidor metropolitano Hernán Núñez, Castañeda está de acuerdo con ese peaje (no
es malo), pero no quiere admitirlo. Para evadir el problema (el Defensor del
Pueblo le solicita “renegociar” el contrato), Castañeda ahora pide al
Presidente de la República exonerar el pago del IGV todos los peajes en el
país.
En fin, así comienza el año.
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