Sorpresivamente, en horas de la noche, la Ministra de Educación anunció públicamente su renuncia.
Horas antes ella había rechazado la modificación a la Ley de Reforma Magisterial de 2012, aprobada por el Congreso, mediante el cual maestros que desaprobaron reiteradamente los exámenes para ingresar a la carrera pública magisterial y fueron retirados en 2014 serían “reintegrados” y ascendidos inmediatamente. Era una iniciativa de los congresistas “magisteriales”, un conjunto de maestros “rojazos” (varios de los cuales desaprobaron los exámenes y participaron en la huelga de maestros en 2017) que hasta el 07 de diciembre del año pasado fueron el principal apoyo parlamentario al incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo.
Aprobada en la Cámara también por algunas bancadas “de derecha” y “centristas”, la Ministra de Educación había comunicado que la Presidenta de la República observaría esa ley anti-meritocrática. Sin embargo, horas después, el Presidente del Consejo de Ministros le solicitó la renuncia. Posteriormente, anunció un cambio parcial del gabinete ministerial. ¿Qué sucedió?.
Parecería que la Presidenta de la República y su Gobierno cedieron a la presión de una bancada parlamentaria (bancada que, por cierto, no representa a nadie, porque nadie le votó), pero tampoco tendría mucho sentido ese razonamiento. La “bancada magisterial” no es numerosa ni políticamente decisiva en el Congreso. ¿Por qué ceder?. Una posibilidad es que todo sea parte de una negociación política: aquella ley u otras aberraciones legislativas más (en el Congreso hay un proyecto de ley para quitar la temporalidad y periodicidad al licenciamiento de universidades) a cambio de respaldar una iniciativa diferente. Por ejemplo, el Gobierno nacional quiere que el Congreso le apruebe la delegación de facultades para legislar en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad.
No obstante, esa inesperada cesión y la repentina recomposición del gabinete ministerial (muchísima gente común y corriente no entiende el por qué) restan fuerza política a la Presidenta de la República y su Gobierno (tampoco tienen mucha) frente al Congreso. Por ejemplo, ¿con qué fuerza política el Ministro de Economía y Finanzas podría ahora detener las iniciativas legislativas populistas o demagógicas en materia económica, presupuestal o laboral que pueda aprobar la Cámara?. No se entiende, porque hace menos de dos meses el Presidente del Consejo de Ministros había anunciado que la Presidenta de la República recurriría al Tribunal Constitucional (como si éste fuese una segunda cámara legislativa) para detener las leyes consideradas inconvenientes o “inconstitucionales” que el Congreso insista.
Cuando los lobos huelen sangre, no tardarán en cazar a la presa herida y devorarla. Ya el Gobierno nacional mostró debilidad política y en el Congreso la aprovecharán. Si la Presidenta de la República desea durar hasta el final del mandato, deberá mostrarse firme ante el Congreso.
Caso contrario,
muy pronto presenciaremos otra sucesión constitucional.
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