Arrecía el
frío del invierno y las noticias continúan candentes.
Por fin el
Gobierno nacional otorgó a la empresa minera Southern Perú el permiso para empezar el proyecto Tía María en
Islay, Arequipa. A lo mucho, Southern
iniciará la construcción del campamento minero, pero todavía no habrá
exploración o explotación de la mina hasta no obtener la “licencia social” o la
aceptación mayoritaria de los habitantes en el área de influencia. Según una
encuesta de IPSOS encargada por Southern
el año pasado, 71% de encuestados está a favor y sólo 16% lo rechaza. Avance
significativo respecto a 2011 y 2015, porque la empresa minera ha adelantado
una política de “responsabilidad social” en educación, salud, saneamiento y
emprendimiento.
Los
opositores se desesperan: las dos facciones de izquierda radical, el Presidente
Regional de Arequipa (“tipejo”, quien encima “pecha” al Presidente de la
República), el Alcalde de Islay, alcaldes distritales, etc., aliados a
agricultores arroceros y usuarios regantes. Ya convocaron a “paro indefinido”,
con el típico bloqueo de carreteras (delito bajo el Código Penal de 1991), pero
no sería muy contundente. Por ahora la situación está quedando en “punto muerto”.
Por otro
lado, el Alcalde de Lima otra vez demuestra que es “improvisado” y “frívolo”.
Vio cámaras de TV y no se contuvo hablar sobre la renegociación de los
contratos de concesión vial en la capital. Dijo que con Rutas de Lima se ha
alcanzado el acuerdo para una adenda, pero con Línea Amarilla “las cosas no van bien”. Días después
repitió que Línea Amarilla se resistiría a reducir las tarifas de los peajes.
¿Acaso no sabía que son concesiones diferentes, con diferentes consorcios y
diferentes negocios?. Encima, “amenazó” a Línea Amarilla diciendo que se vería
obligado a tomar acciones “más drásticas”.
¿Intentará “cargarse” la concesión vial nuevamente?, ¿convocará manifestantes a
protestar frente a las garitas de peaje?. ¡Payaso!.
Asimismo,
las últimas declaraciones del Presidente de PETROPERU son reveladoras: el
Oleoducto Norperuano genera pérdidas a la petrolera estatal (funciona por
debajo de la capacidad instalada) y se necesitaría apoyo de las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional para proteger las estaciones de bombeo y el ducto. Según
la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, desde 2014 hubo 27 sabotajes al
ducto realizados por comunidades nativas, que dañan el Oleoducto y después
exigen a PETROPERU los contrate para reparación y remediación ambiental.
Acá no hay
legítimas demandas sociales ni preocupación ambiental. El Gobierno nacional
debe restablecer el orden, imponer el imperio de la ley y defender la propiedad
pública, aunque la intelectual “rojaza” Rocío Silva Santisteban lo llame “etnocidio”.
Por último,
el ex presidente Alejandro Toledo fue arrestado en los Estados Unidos. Un juez
federal de California atendió la orden de extradición del Perú. Sin embargo, el
proceso tardaría un año y los abogados de Toledo pueden pedir fianza para
excarcelarlo y esperar libre la extradición.
Continuaremos informando y comentando.
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