Con los terroristas, no

Entre el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo a licores, cigarrillos, jugos y gaseosas, combustibles e importación de automóviles nuevos y la sanción deportiva al futbolista Paolo Guerrero, una noticia pasó algo desapercibida.

En la televisora privada Panamericana TV se reveló que, desde 2016, la congresista María Elena Foronda tenía como asesora parlamentaria a una ex terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) llamada Nancy Madrid, quien purgó dieciséis años de cárcel. En su momento, Madrid se encargaba de las “cárceles del pueblo” (lúgubres mazmorras donde solían confinar a los secuestrados, mientras obtenían rescate por liberarlos) e, incluso, fue pareja de Peter Cárdenas, uno de los líderes emerretistas.

Recuérdese que Foronda (socióloga de profesión) fue acusada de pertenecer al MRTA y sentenciada por tribunales militares en 1994. Dos años después fue indultada por la dictadura de Alberto Fujimori, a pedido de la llamada Comisión Lanssiers. Foronda es una ambientalista. Entre 2012 y 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, perteneció al Partido Nacionalista. En 2016 llegó al Congreso con los “rojos” acaudillados por el ex sacerdote católico y actual congresista Marco Arana.

Tras la revelación, en vez de admitir que fue un garrafal “error político” y prometer el cese laboral de la asesora, Foronda se victimizó: dijo que no había nada malo, que Madrid ya cumplió su pena, que es un ataque contra ella y su bancada. Añadió que la asesora renunció y rehusó declarar más sobre el tema ante los reporteros. El (siniestro) presidente de la Cámara, Luis Galarreta, llamó “gentuza” a Madrid, pero deslindó responsabilidad. Los “rojos aranistas” cerraron filas con Foronda, aunque el congresista Jorge Castro ha anunciado públicamente que “considera” renunciar a la bancada parlamentaria.

A diferencia de la otra facción de izquierda radical que sigue a la ex congresista Verónika Mendoza (muy “progre”), los “rojos aranistas” “coquetean” con el MRTA o Sendero Luminoso, la otra organización terrorista de las décadas de 1980 y 1990. En 2017 Justiniano Apaza, viejo sindicalista y “poco amigo” de la inmigración venezolana al Perú, dijo que ciertos reos emerretistas podían ser considerados “presos políticos”. Hace un mes el congresista Rogelio Tucto pidió el indulto al líder máximo senderista Abimael Guzmán para una verdadera “reconciliación”. Foronda en 2008 firmó un manifiesto por la liberación de Víctor Polay, el líder máximo emerretista, porque consideraba su encierro en la prisión de la Base Naval del Callao como “arbitrario”, “injusto” y una “venganza política”.

¿Por qué la “manía” de cierta izquierda radical por ser “benevolente” con terroristas que causaron tanto dolor, sufrimiento y ruina al Perú?. Quizá sea su mentalidad setentera nostálgica del “mito revolucionario” (el luchador social sublevado contra injusticias) o sólo la persistente incapacidad o rechazo de sectores políticos, sociales o mediáticos por conocer, entender y asimilar los duros años del terrorismo y las consecuencias al día de hoy.