Tragedia y excepcionalidad

 

Sábado 22 de agosto. Los Olivos, Lima. Alrededor de las 9:30pm.

Efectivos de la Policía Nacional intervinieron una discoteca, donde clandestinamente se había congregado público convocado a través de las redes sociales. Precio de la entrada: S/ 10.00. Habría doscientos asistentes: hombres y mujeres, entre 20 y 30 años de edad. Estos operativos son rutinarios, porque desde el 16 de marzo todo el país está bajo el Estado de Emergencia y con toque de queda estando restringidas o suspendidas las libertades de tránsito y reunión. Desde antes se prohibieron eventos públicos masivos por la pandemia viral COVID-19.

El resultado del operativo policial fueron 13 muertos y 25 detenidos. Policías irrumpieron violentamente en el lugar y la gente huyó despavorida. Algunos cayeron al suelo y fueron pisados muriendo de asfixia. Es una tragedia, porque el operativo fue mal planeado y mal ejecutado. Había asistentes en la discoteca desde las 4:00 de la tarde y no era el primer sábado. Presumiblemente, la discoteca iba a cerrar antes de las 10:00pm, hora de inicio del toque de queda.

Propietario y administrador tienen responsabilidades, porque los eventos públicos están prohibidos. También los asistentes, por desacato al Estado de Emergencia. No obstante, ninguno de los trece fallecidos merecía morir, pese a haber asistido libremente a un evento masivo corriendo el riesgo de contagio del virus. Si once de esos trece estaban contagiados (como revelarían las autopsias en la Morgue Central de Lima) y quince detenidos están contagiados, no creo alguno de ellos lo supiera y hubiese asistido con la intención de contagiar.

El operativo fue pésimo. ¿Por qué esperar hasta la noche?, ¿por qué la Policía Nacional no pidió apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios?, ¿por qué los policías no cercaron la zona, cortaron la electricidad y llamaron con megáfonos a los asistentes que salgan en orden?, ¿por qué no hubo policías infiltrados en el evento?, ¿por qué no se informó al Serenazgo de Los Olivos?. El Ministro del Interior es el responsable político y debiera renunciar. Si no lo hiciera (no creo lo haga), la responsabilidad política se extenderá al Presidente del Consejo de Ministros.

Al margen del sensacionalismo que muchos medios de comunicación explotarán sobre esta tragedia, el Gobierno nacional del “aventurero" llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión constitucional de 2018 la utilizará políticamente para distraernos de su fracaso ante la pandemia y la durísima recesión económica. Probablemente, cuando antes del 31 de agosto anuncie la octava prórroga al Estado de Emergencia y el toque de queda para imponer “aislamiento obligatorio”, el “aventurero” usará como pretexto esta tragedia para endurecer la excepcionalidad, a pelo con su coartada vil del “pueblo desobediente”.

Muchísimos jóvenes están hastiados y cansados de tantos meses de confinamiento inútil y restricciones, por lo que el desacato al Estado de Emergencia no disminuirá aun si el Gobierno endurece más la excepcionalidad. Ya no habrá vuelta atrás.