El fujimorismo en el Congreso está disparando. Sus
balas: acusaciones constitucionales para funcionarios públicos con derecho a
ante-juicio o “juicio político” parlamentario.
Los primeros disparos son a cuatro magistrados del
Tribunal Constitucional, porque en una sentencia de 2017 el colegiado volvió a
considerar “crimen de lesa humanidad” a la matanza de El Frontón de 1986. Una
sentencia de 2013 pretendió decidir qué delitos son o no “lesa humanidad”
cuando éstos están definidos en tratados suscritos por el Perú. La sentencia de este año “revisó” el voto de un magistrado, a pesar que el Tribunal
Constitucional tampoco tiene competencia legal para hacerlo.
No obstante, como hay un grupo de altos oficiales
retirados de la Marina de Guerra (con voceros políticos y mediáticos), cercano
al APRA y el fujimorismo, procesado penalmente por los violentos sucesos de
1986 en la antigua cárcel insular, a quien conviene que no sea “crimen de lesa
humanidad”, porque apela a la prescripción de los delitos cometidos, los
fujimoristas en el Congreso no serían garantes del imperio de la ley sino
defensores de los acusados. Ellos lo niegan, pero ya conocemos el “doble
discurso” político.
Al Ministro del Interior lo han “bombardeado” con
varias acusaciones constitucionales, que acabaron archivadas, pero los disparos
no cesan. Ahora tiene otra acusación constitucional por el retiro de varias
decenas de oficiales de la Policía Nacional. Dos congresistas (ex policías)
están detrás. Dicen defender los “derechos” de los policías, pero la motivación
es diferente: la defensa de “argollas” afectadas por la reorganización policial
y la reestructuración ministerial. Lo negarán, obvio, pero los fujimoristas son
unos patricios.
El Fiscal de la Nación ha sido el siguiente blanco.
Un congresista que posa de “experto” lo ha acusado constitucionalmente. Excusa:
la lentitud de investigaciones fiscales relacionadas al caso Odebrecht y otras
empresas constructoras brasileñas que se enriquecieron ilícitamente entre 2005
y 2014. Sin embargo, muchos creemos que es una “amenaza” para que cesen las
investigaciones a Doña Keiko F., ex congresista y lideresa del fujimorismo. Los
fujimoristas saben que actúan mal, pero la soberbia los enceguece.
Por último, pretenden “forzar” al Presidente de la
República que comparezca ante la Comisión Lava Jato, que investiga a Odebrecht
y otras empresas constructoras brasileñas. Su Excelencia se ampara en una “inmunidad
especial” que le otorga la Constitución de 1993 (como la otorgaba también la
Constitución de 1979) para ser acusado (¿para qué investigarlo si no podrás
acusarlo?) sólo por causales específicas durante el mandato presidencial. Aun
así los fujimoristas amenazan al Presidente de la República con una acusación
constitucional, que la Corte Suprema de Justicia se “tumbaría” si fuese durante
el mandato. Quieren demostrar que no se “casan con nadie”, ¿excepto con ellos
mismos?.
¿Por qué el fujimorismo juega al simio con
metralleta pudiendo explotarle la retrocarga en el rostro?. Tema para analizar
en otro artículo.
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