Fujimori, la anulación

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia anuló el falló que condenaba al ex dictador Alberto Fujimori por peculado en el caso “Diarios chicha”.

En la segunda mitad de la década de 1990, la dictadura de Alberto Fujimori utilizó la publicación de pasquines (“diarios chicha”) como El Mañanero, La Yuca, La Chuchi, El Chino, El Men, Tío, etc., donde había crónicas policiales, notas informativas de contenido sexual y titulares difamatorios contra los líderes opositores a Fujimori. Participaron el publicista Augusto Bresani y el periodista José Olaya, pero dirigidos por Vladimiro Montesinos, el ex asesor de inteligencia. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), feudo de Montesinos y pilar de la dictadura, recibió S/. 122 millones del presupuesto militar para estrategia política de destrucción mediática.

En 2001 Montesinos declaró a la “Comisión Waisman” que Fujimori le ordenó realizar un estudio para definir con qué medios “debía trabajarse”. “Se consultaba a Fujimori, quien daba sus sugerencias y ordenaba el tipo de titulares que debían salir”, declaró en la Base Naval del Callao. Siendo otro caso por el cual fue extraditado desde Chile, en 2015 Fujimori fue condenado a ocho años de prisión y al pago de S/. 3 millones por reparación civil. La acusación fiscal señalaba que él fue responsable del desvío de fondos castrenses al SIN para los pasquines.

La Suprema alega que el peculado ocurre cuando un funcionario se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otros, caudales cuya administración o custodia le estén confiados por su cargo. Como Fujimori no era responsable directo del dinero asignado al SIN, no sería culpable por ese delito. En un “vladivideo” (los videos de las reuniones de Montesinos grabados por su orden), el ex asesor admitía que Fujimori no se encargaba de pagar a los “diarios chicha”.

Fujimoristas y filo-fujimoristas saltan de felicidad. El excéntrico abogado de Fujimori, William Castillo (quien quería llevar los casos de su defendido hasta las ¡Naciones Unidas y la Unión Europea!) dice que ya no insistirá más con el indulto, que buscará la nulidad del caso CTS (S/. 15 millones que Fujimori autorizó para Montesinos en el año 2000 por “tiempo de servicios”) y que si no fuera por la sentencia de 2009 sobre violación a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad (masacres de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer), el ex dictador saldría libre.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio declaró al diario Perú21 que, desde un punto de vista legal, conforme al Código Penal de 1991 y un análisis de tipicidad, Fujimori no sería culpable. Desde un punto de vista político, subjetivo, emocional o social es distinto. Otro penalista, Carlos Caro, dijo que no hay precedente vinculante, pues los alcances inician y acaban en este caso. Por eso Castillo se equivoca, porque las sentencias se anulan por aparición de nuevas pruebas, no por precedente jurisprudencial.

Aunque el fallo es polémico, por ahora queda el cumplimiento. 

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