Últimamente, los medios de comunicación no cesan de “vomitar” noticias
sobre supuestos actos de corrupción de los políticos peruanos.
En primer plano, los vínculos de la Primera Dama de la
Nación (doña Nadine Heredia) con los negocios turbios del empresario Martín
Belaunde Lossio. También están los congresistas, jueces o fiscales involucrados
con la red de corrupción del empresario Rodolfo Orellana. No faltan los escándalos
de corrupción de varios ex presidentes regionales y más denuncias contra
alcaldes y ex alcaldes. Por último, revelaciones que la empresa constructora
brasileña Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios públicos durante los
gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, además de la alcaldía de Lima bajo
Susana Villarán. Si falta algún caso, perdonen.
Este sombrío contexto es recogido por las diferentes
encuestas de opinión: actualmente, tras la inseguridad, la corrupción es el
principal problema que aqueja a la sociedad peruana. A pesar del crecimiento pequeño
de la economía, el tema económico no es considerado tan prioritario. Sin
embargo, llama la atención la actitud pasiva o indiferente de la mayoría de
peruanos y peruanas hacia la corrupción, en contraste con otros países de
América Latina.
Acá no hay grandes manifestaciones callejeras
exigiendo la renuncia del Presidente de la República, quizá porque no señalan a
su Gobierno como responsable. No obstante, en Brasil los grandes escándalos de
corrupción sobre la petrolera pública PETROBRAS y la misma Odebrecht no
involucran directamente a la presidenta Dilma Rousseff, pero ya hay protestas
callejeras exigiendo su renuncia. Tampoco influye que en el Perú falte menos de
un año para las elecciones, porque en Guatemala también hay comicios el próximo
año, pero hay multitudinarias marchas exigiendo la renuncia del presidente Otto
Pérez Molina por el gran escándalo de corrupción en las aduanas, que le costó
el cargo a su vicepresidenta.
Quizá alguien diga que esas situaciones no se repiten
en el Perú, porque nos estamos institucionalizando como país. Tal vez, pero en
Chile hay crecientes voces en alto pidiendo la renuncia de la presidenta
Michelle Bachelet desde el momento que se conoció la denuncia de tráfico de
influencias con su hijo y un banco privado. Tampoco hay mayor similitud con
Honduras, donde muchos hondureños y muchas hondureñas exigen públicamente la
renuncia del presidente Juan Orlando Hernández por el “destapada” corrupción en
la Seguridad Social.
Finalmente, tampoco es por la frivolidad en el poder.
En México, los feroces opositores callejeros al presidente Enrique Peña Nieto
exigen su renuncia -entre otras- por la lujosa mansión que se compró a dos años
de asumir el poder.
Compararíamos también con Nicaragua, Panamá o la
República Dominicana, por ejemplo, pero ¿por qué en el Perú la reacción
ciudadana es diferente?. ¿Resignación?. Después de la “mega-corrupción” vivida
en la década de 1990, no lo creo. ¿Pragmatismo?. Podría ser. ¿Ignorancia?. No
se descarta. Ahí hay un buen objetivo de estudio para las ciencias sociales.
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