Vistiendo un cadáver

 

En segunda votación el Congreso aprobó una reforma más a la Constitución de 1993 y la Presidenta de la República la ha promulgado.

¿De qué se trata?. La promoción del uso de tecnologías de la información y el derecho al acceso libre en Internet mediante inversión pública o privada, enfatizando las zonas rurales y las comunidades campesinas y nativas. La izquierda radical ha alentado esta iniciativa hace tiempo y se ha aprobado con respaldo de las bancadas “de derecha” y “centristas”.

Hace varios años que el Congreso aprueba “pequeñas” reformas a la Constitución de 1993, pero no una reforma profunda o integral más allá de esas reformas constitucionales ratificadas en el Referéndum de 2018 o los intentos extemporáneos y desesperados por aprobar el retorno a la bicameralidad parlamentaria. El único intento serio de reforma integral de la Constitución de 1993 fue en 2002 y 2003: el “proyecto Pease”, por el entonces congresista Henry Pease, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, durante el gobierno de Alejandro Toledo, en los años posteriores a la transición hacia la democracia.

Auto-engañados por una ridícula narrativa mentirosa (“la Constitución que cambió la historia del Perú”) o asustados por la aprobación de “disparates constitucionales” (especialmente, en el endiosado “Título Económico”), bancadas “de derecha” y algunas “centristas” se han convertido en defensoras del status quo. Basta recordar cómo reaccionaron “rabiosas” y “fatuas” cuando a inicios de año la Presidenta de la República propuso rescatar el “proyecto Pease”, actualizado.

Una Constitución tiene dos pilares esenciales: los derechos fundamentales y el sistema político-institucional. Un buen texto constitucional contiene una cantidad mínima y razonable de “derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” y un adecuado diseño institucional para el correcto funcionamiento del sistema político. De lo contrario, es una mala Constitución. Por ejemplo, la Constitución de 1979 tenía un buen diseño institucional, pero estaba tan recargada de “derechos” (contemplaba hasta el “derecho al entierro gratuito en cementerios públicos”) que acabaron, a fines de la década de 1980, convertidos en “papel mojado”.

Por el contrario, la Constitución de 1993 tiene pocos, pero esenciales “derechos” y, lamentablemente, un mal diseño institucional, que ha sido pervertido en los último seis años. En este tiempo la Constitución de 1993 ha sido forzada, estrujada y violada repetidamente respecto al sistema político, por lo que es evidente la necesidad de reformas profundas, pero quienes debieran alentarlas, no lo hacen y, encima, colaboran en la degradación. Reformas etéreas como el “acceso libre al Internet” no ayudan a mejorar la Constitución de 1993 sino a profundizarle el desprestigio.

Como he dicho antes: la Constitución de 1993 está “muerta” (la caída del incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo se la llevó consigo) y sólo falta que venga su enterrador, pero en el Congreso hay quienes están felices “vistiendo un cadáver”.