Esta semana se realizó una marcha en Lima contra el
Congreso y exigiendo cerrarlo. Días atrás hubo otra y habría nuevas, tanto en
la capital como en otras ciudades.
Este hecho es inédito. Quizá similar a la década de
1960 cuando las guerrillas comunista del Movimiento Izquierda Revolucionaria
(MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaban la “lucha armada”
con una proclama insurreccional contra el Congreso. Ni siquiera en los meses antes
del golpe de estado del 05 de abril de 1992 había gente en las calles exigiendo
el cierre del Parlamento.
Quienes protestan contra el Congreso son
sindicalistas, universitarios “rojos” (¡ay, la adrenalina juvenil!) y
colectivos ciudadanos de izquierda radical. Algunas consignas de los
manifestantes eran contra el alza del Impuesto Selectivo al Consumo a los
combustibles, pero la mayoría era por el “cierre del Congreso” e -incluso-
pedir una nueva Constitución. En el fondo, lo que quieren es “destruir” el
modelo económico heredado de la década de 1990.
¿Acaso no hay malestar en la ciudadanía contra el
Congreso?. Por supuesto. La mayoría fujimorista que controla el Parlamento ha
hecho y deshecho desde la instalación de la Cámara. Posiblemente, una mayoría
parlamentaria de otro signo político hubiese actuado igual. Gastos elevados en
frivolidades (canastas navideñas, arreglos florales, televisores, computadoras,
etc.), cambios operativos para “encubrir” subidas remunerativas, aumentos exorbitantes
en la planilla laboral hasta alcanzar la cifra de 4,000 trabajadores en los
cinco edificios administrativos (110 al área de prensa y ¡10! para manejar las
redes sociales Facebook y Twitter), arbitrariedades por doquier
(ha sido funcional Luis Galarreta, el “siniestro” presidente de la Cámara),
conflicto de intereses (aunque el fujimorismo lo niegue), etc., NO, no gustan a
la gran mayoría de peruanos y peruanas.
Aunque políticos demagogos, intelectuales “progres” y
periodistas sensacionalistas hablasen de “manifestación democrática” o “protesta
legítima” (sin contar el vandálico incendio de un patrullero de la Policía
Nacional, obvio), exigir en las calles el cierre del Congreso NO lo es. Jamás
será “democrática” ni “legítima” una protesta para violentar el orden
constitucional y “cargarse” la democracia restaurada en 2001 desconociendo la
voluntad popular expresada en las urnas hace dos años. Es una expresión de
involución política.
No hay revocatoria del mandato parlamentario ni tampoco
se ha cumplido la causal para la disolución constitucional de la Cámara y la
convocatoria a elecciones parlamentarias. Quien escribe no votó por ningún
partido político o candidatura parlamentaria, pero si lo hubiera hecho,
intentaría “aprender la lección” y votar diferente en las elecciones generales
de 2021. La democracia es un lento ejercicio de aprendizaje político.
Nota aparte: al Presidente de la República le
gusta los buenos “segundones”. El economista Carlos Oliva es el nuevo Ministro
de Economía y Finanzas. Fue Viceministro de Hacienda durante el gobierno de
Ollanta Humala. Suerte.
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