Se cumplieron 15 años del Informe final de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación.
En 2001 el gobierno de Valentín Paniagua creó una
Comisión de la Verdad La presidió el filósofo Salomón Lerner Febres. Le acompañaron
la abogada Beatriz Alva Hart, el ex senador Enrique Bernales, el antropólogo
Carlos Iván Degregori, el ingeniero químico Alberto Morote, el sacerdote
católico Gastón Garatea y el ex diputado Carlos Tapia. Bajo el gobierno de
Alejandro Toledo, la denominación varió a “Comisión de la Verdad y
Reconciliación” y fueron incorporados el monseñor católico José Antúnez de
Mayolo (nieto del matemático Santiago Antúnez de Mayolo), la socióloga Sofía
Macher, el teniente general de aviación Luis Arias Graziani, el ex senador
Rolando Ames y el pastor evangélico Humberto Lay.
¿Por qué la Comisión?. La transición a la democracia descansó
sobre tres pilares. Uno de ellos es conocer qué le ocurrió al Perú entre 1980 y
el año 2000 para aprender, difundir, reflexionar y nunca repetirlo. Esos veinte
años fueron los más traumáticos como país. La violencia terrorista desatada por
Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y la respuesta durísima
de las fuerzas militares y policiales causaron demasiado dolor, sufrimiento y
miseria. Es inaceptable que lo olvidemos o distorsionemos en el futuro.
El objetivo fue construir una “memoria histórica”
basada en testimonios de víctimas, familiares o involucrados. En dos años la
Comisión recogió casi 19 mil testimonios y organizó 21 audiencias, a las cuales
asistieron más de 9 mil personas. Recabó versión de distintos actores
políticos, sociales e institucionales. Finalmente, entregó el Informe final en
agosto de 2003.
Como ocurrió con procesos de “justicia transicional”
en otros países, el Informe final halló fuertes críticas. Algunas centradas en
la metodología de trabajo, pero no cuestionaban la necesidad de saber qué
ocurrió como una lección-de-país. Otras parecían motivadas por el deseo de
“limpiar culpas”. Especialmente, sectores de derecha.
“Limpiar culpas” por violaciones a los derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad que ignoraron o avalaron. Por eso rechazan
cualquier intento por conocer lo que vivió el Perú en esa época y difundirlo.
De ahí críticas tan poco relevantes como si debió usarse la definición de “conflicto
armado interno” (conforme al Derecho Internacional Humanitario) o si la
estimación estadística (no conteo) calculó bien el número de víctimas. Al
menos, esas voces críticas habrían leído el Informe final, porque hubo otras
que dijeron o repitieron mentiras y les aseguro que no han leído ni el manual
de su teléfono celular.
Llegamos al presente, con un movimiento político
fuerte en el Congreso, deseoso de “cargarse la Transición”, con afán revisionista
y lógica negacionista, motivado por interés político y resentimiento. Que estos
quince años nos recuerden seguir investigando, conociendo y difundiendo lo que
el Perú y los peruanos vivimos durante los “años del terror”, al margen de
ciertas oposiciones. Es por el futuro.
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