Pensé que la víspera a la Navidad en nuestro Perú
sería tranquila, pero nos equivocamos.
El viernes 15 se presentó en el Congreso la moción de
orden del día multipartidaria para destituir al Presidente de la República por
“incapacidad moral permanente”. Tras horas de debate, por la noche, con noventa
y tres votos a favor, diecisiete en contra y ninguna abstención, la Cámara inició
el proceso de destitución. Un fallo del Tribunal Constitucional en 2003 reguló
este procedimiento: una vez iniciado el trámite parlamentario, la destitución
se vota entre tres a diez días hábiles posteriores. El mismo día de la votación
Su Excelencia tiene derecho a concurrir con su abogado a la Cámara para
“defenderse” durante una hora. Después empieza el debate y, al final, la Cámara
votará la destitución.
¿Cómo llegamos a esta situación?. Dentro del
“escándalo Odebrecht” (la corrupción de la empresa constructora brasileña
Odebrecht en el Perú, entre 2005 y 2014), la “Comisión Lava Jato” del Congreso
recibió información de Odebrecht indicando que una empresa perteneciente al
Presidente de la República habría asesorado a la constructora entre 2004 y
2007, cuando aquél era funcionario público durante el gobierno de Alejandro
Toledo. Aunque los contratos son legales, la empresa era administrada por un
socio con quien Odebrecht firmó los contratos de asesoría financiera y sólo hay
una única transferencia bancaria de esa empresa a la cuenta personal del actual
mandatario en 2007, un año después de haber dejado la función pública, se
presume que habría cometido cohecho o colusión.
Por desgracia, el Presidente de la República negó en
varias ocasiones haber tenido vínculos laborales con Odebrecht, que no es
delito. Sin embargo, revelaciones o desmentidos posteriores lo delataron. No se
percató de la inminente crisis política, mientras la Presidenta del Consejo de
Ministros estaba más preocupada por una delegación de facultades legislativas,
que hoy a nadie interesa. Cuando la información fue revelada por la Comisión,
el fujimorismo, que actúa como pandilla en el Congreso y como horda en los
medios de comunicación y las redes sociales Facebook
y Twitter, gritó “¡renuncia!”. No pidió corroborar la información de Odebrecht, como
sí lo hizo para su lideresa, doña Keiko F. Hasta dio un “ultimátum” a Su
Excelencia para que renuncie.
El Presidente de la República apareció en Mensaje a la
Nación casi al filo de la medianoche explicando su versión sobre la acusación, poniéndose
a disposición del Ministerio Público y el Poder Judicial y reiterando que “no
renunciará”. Hasta entonces sólo los “rojos” acaudillados por el ex sacerdote
católico y actual congresista Marco Arana habían pedido la destitución y
exigido elecciones generales. Al no haber renuncia, el fujimorismo, el APRA,
Acción Popular, Alianza para el Progreso y los “rojos” seguidores de la ex
congresista Verónika Mendoza votaron por iniciar el procedimiento de
destitución.
¿Habrá destitución?. Probablemente, sí, el jueves 21:
día decisivo. Excepto los “rojos aranistas” (ni siquiera los “rojos mendocistas”),
que no ocultaron la vocación totalitaria y el afán desestabilizador del
marxismo-leninismo, las bancadas parlamentarias no querrían elecciones ya. La
Constitución de 1993 (como la Constitución de 1979) no especifica si al final de
la sucesión constitucional, deben convocarse elecciones generales o sólo
presidenciales. Las crisis políticas no se resuelven con elecciones, pero no
sabemos qué pasará después del 21. Ya empezó la agitación callejera, pero
contra la destitución.
No puedo dejar de aludir a la “casta periodística”,
que está haciendo gala de incultura y hasta idiotez acusando a diestra y
siniestra, haciendo demagogia, diciendo tonterías y clamando por la cabeza de
Su Excelencia.
Al margen de la suerte del Presidente de la República,
que Dios proteja al Perú.
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