El Perú vive horas muy difíciles.
Primero Andahuaylas. Después Arequipa y Cusco. Último fue Ayacucho. No obstante, la convulsión social continúa en distintas localidades: Huancayo, Huancavelica, Puno, Tacna, Trujillo, Cajamarca, etc. Turbas de izquierda radical, integradas por muchos jóvenes violentos, han seguido destruyendo propiedad pública y privada, cometiendo saqueos, atacando medios de comunicación, bloqueando carreteras e intentando apoderarse de aeropuertos.
La Presidenta de la República y su Gobierno decretaron el Estado de Emergencia en todo el país e impusieron toque de queda en quince provincias. Las Fuerzas Armadas fueron autorizadas para apoyar a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden público. Hay más de una veintena de fallecidos y centenares de heridos desde el inicio de las salvajes protestas. En Ayacucho los militares se vieron obligados a utilizar sus armas de reglamento contra las turbas que rehusaron cesar sus actos criminales y dispararon a matar. La Defensoría del Pueblo ha pedido públicamente a las Fuerzas Armadas el cese del uso de armas de fuego.
No estamos ante los mal llamados “conflictos sociales” como antaño, pero “radicalizados”. Éstos tenían origen socio-ambiental o redistributivo, que eran aprovechados por la izquierda radical, pero se resolvían cediendo a través de las manidas “mesas de diálogo” y “comisiones de alto nivel”. Tampoco es un momento político parecido a noviembre de 2020. No, ahora estamos ante auténticas asonadas o conatos insurreccionales, no aprovechados sino alentados por la izquierda radical. Las exigencias en todas las manifestaciones son la renuncia de la Presidenta de la República, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y el inicio de un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución. Inadmisibles. No hay nada que dialogar.
Existen quienes creen que las turbas de izquierda radical desaparecerán si se cede a la única de las exigencias más razonables: el adelanto de las elecciones generales programadas para 2026. El Gobierno nacional envió al Congreso una propuesta para adelantar los comicios al año 2024. Otra propuesta, dictaminada por la Comisión de Constitución y Reglamento, para adelantar los comicios al último mes del siguiente año no fue aprobada en la Cámara. 49 congresistas a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, sin contar quienes ni siquiera votaron.
Entre quienes de la oposición “de derecha” y “centrista” votaron rechazo creen -no sin argumentos- que elecciones generales apresuradas, sin reforma electoral previa, serían desastrosas para el país. Del otro lado, entre las facciones de izquierda radical existe el intento descarado y vil de aprovecharse de las muertes para “atar” el adelanto electoral con el referéndum constituyente, convertido en una “obsesión” para los “rojos”. Otros son, simplemente, hipócritas.
Por eso algunas voces en la opinión pública quieren aplacar a esas bandas subversivas de la izquierda radical pidiendo o exigiendo la renuncia de la Presidenta de la República para que la reemplace el Presidente del Congreso, quien constitucionalmente estaría obligado a convocar de inmediato elecciones. Pretensión irresponsable, porque destruiría la poca institucionalidad que nos queda, no contentaría a la izquierda radical y, probablemente, a consecuencia de tanta gente enojada o desilusionada, acaben ganando los peores candidatos.
Hoy más que
ayer el Perú requiere líderes políticos o de opinión con cabeza fría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario