Degradación ("ESPECIAL")

 

Un reciente escándalo judicial se está convirtiendo en crisis política e institucional.

Hace tiempo se sospecha que la Fiscal de la Nación, quien tuvo una labor destacada en la caída hace casi un año del incompetente, corrompido e ideologizado gobierno de Pedro Castillo, no es un dechado de virtudes y se ha valido de su posición. Recientes revelaciones del izquierdoso equipo de investigación periodística IDL-Reporteros (que estuvo bien calladito antes del 07 de diciembre del año anterior) mostraron conversaciones en la red social WhatsApp pertenecientes a un ex asesor cercano de la Fiscal de la Nación, donde muestran “negociaciones” entre éste y varios congresistas para votaciones claves -como la designación del Defensor del Pueblo- en el Congreso. A cambio, varios congresistas investigados por corrupción administrativa no serían acusados ante la Corte Suprema de Justicia.

Dos elementos amplifican el escándalo y lo convierten en crisis: primero, estamos ante una lucha de poderes entre la soberbia y ensimismada “progresía” limeña, esas elites supremacistas que, desde el retorno a la democracia en 2001, ambicionaron influir en el Ministerio Público, el Poder Judicial y el resto del sistema de administración de justicia, y cuyo predominio ha menguado bastante en los últimos años, y sus enemigos jurados, tanto en la izquierda radical como en sectores “de derecha”. Ya ha quedado demostrado que esta lucha de poderes es terriblemente destructiva para las instituciones y el imperio de la ley en Perú, pero no cesa.

Segundo elemento: nunca fue del agrado de la “progresía” limeña la Fiscal de la Nación, pero un cúmulo acelerado de sus últimas decisiones, correctas o incorrectas, precipitaron la crisis. En vez de admitir que si las “desvergüenzas” de esta dama habrían quedado al descubierto fue, en principio, por tener “desvergüenzas”, por el contrario, sus defensores anti-izquierdistas dentro y fuera del Congreso la emprenden contra quienes las revelaron. A su vez, influidos por la “progresía” limeña, los grandes medios de comunicación alientan la histeria.

Como una “pistolera” en el Far West, la Fiscal de la Nación ha disparado contra la Presidenta de la República, el Presidente del Consejo de Ministros y ex funcionarios del Gobierno nacional por la represión militar-policial durante las violentas protestas callejeras a fines del año pasado e inicios de este año presentando ante el Congreso denuncias constitucionales. No obstante, especialistas en Derecho penal creen que la Fiscal de la Nación actúa “a la desesperada”.

Aumentan las voces que exigen la renuncia de la Fiscal de la Nación. Ella dice que no renunciará (tal vez sí lo hará): creo se siente respaldada por el Congreso. Podría removerla la Junta Nacional de Justicia, pero tampoco creo ésta lo haga, porque sus integrantes están bajo amenaza de destitución por el Congreso. En este “contraataque” de la “progresía” limeña, hay voces exigiendo la renuncia del Defensor del Pueblo, pero aquél es irrelevante. De paso, ya aparecen voces pidiendo la renuncia de la Presidenta de la República para activar otra sucesión constitucional, se instale un Gobierno interino y éste convoque comicios: una situación que dudo mucho ocurra.

Mientras tanto, la gran mayoría de la ciudadanía, absorta en sus dificultades económicas y la inseguridad en las calles, contempla cómo el país se degrada política e institucionalmente. No extrañe a nadie que, en la próxima campaña electoral, quien proponga “refundar” la democracia con un proceso constituyente obtenga muchos votos.

Creo nada bueno resultará de este embrollo.