El Perú está “impactado” o “asombrado” con la difusión
de audios revelando escándalos de corrupción centrados en el Consejo Nacional
de la Magistratura.
Hace tiempo que el funcionamiento del Consejo es
cuestionado, pero los audios demuestran que se ha convertido en el centro de
una red de corrupción, cuyas ramificaciones llegan al Ministerio Público, el
Poder Judicial y el Congreso. Corrupción administrativa, donde los partícipes
no son solamente funcionarios públicos. En posteriores artículos,
profundizaremos en este asunto.
Los audios fueron grabados en una interceptación
telefónica solicitada por una fiscal y autorizada por un juez en el Callao
dentro de una investigación por narcotráfico. Sin embargo, terminaron en manos
de IDL-Reporteros, un portal web de
investigación periodística dirigido por el judoca y conocido periodista Gustavo
Gorriti. Algunos audios llegaron a otros medios de comunicación, pero la
primicia la tiene IDL-Reporteros.
Pese que la mayoría de audios pueden ser pruebas para
futuros procesos penales contra los implicados, hay una pregunta que pocos se
formulan: ¿cómo IDL-Reporteros obtuvo esos audios, que son parte de una
investigación fiscal?.
Gorriti dijo en una entrevista televisiva que
IDL-Reporteros está haciendo “periodismo
de investigación” y que “todo
periodista investiga”. Se equivoca. El periodista debe ser culto, pero no
necesariamente investigador, porque indagar, recopilar, revisar y volver a
indagar requiere paciencia, esfuerzo y minuciosidad que no todos pueden. ¡Por favor!,
filtrar audios que grabaron otros por TV, radio, prensa escrita o Internet NO
es periodismo de investigación.
No es la primera vez que los periodistas imponen la “audiocracia”:
en 2008 comenzó la revelación de una serie de audios sobre hechos de corrupción
en concesión de lotes petroleros, cortesía de una importante televisora
privada. En lugar de propalar todos los audios de una sola vez, se hacía semana
tras semana minando irremediablemente el prestigio político del gobierno de Alan
García. Aquella vez todos los audios fueron grabados ilegalmente por una
empresa de seguridad privada y jamás se llegaron a conocer cuántos había,
porque no hubo más difusiones cuando la ciudadanía se cansó de ese tema. Los
últimos audios ni siquiera revelaban delitos sino sólo eran (ridículas) conversaciones
privadas. Este ataque mediático tenía propósito político y, posiblemente, los
audios de ahora también.
Hace varios años la periodista Cecilia Valenzuela dijo
que este tipo de primicias nunca son “gratuitas”: siempre circula dinero. Por
ejemplo, cuando periodistas quieren acceder a expedientes judiciales (no existe
una ley que regule la materia) suelen “sobornar” a secretarios o asistentes de
despachos para conseguirlos. Cuando la documentación en distintas entidades públicas
es más reservada (la entrega a terceros es delito), el dinero que reciben los
informantes es mayor. O sea, el periodismo de investigación se ha vuelto “corruptor”.
Quizá por eso Gorriti dijo públicamente que sólo “muertos dejarían de propalar los audios”.
Gorriti, de quien se decía en la década de 1980 que era “informante” de la Central Intelligence Agency (CIA) de los
Estados Unidos, no haría esa arrogante declaración si no se sintiese “respaldado”
por gente influyente en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
Ergo, no veo un fin de lucha anticorrupción en la
difusión de los audios, pero sí pueden servir para luchar contra la corrupción.
No obstante, enfatizo que prefiero el imperio de la ley que el dominio de la “audiocracia”.
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