Siguió la
crisis política causada por el Gobierno nacional.
El Gobierno
de ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la
sucesión constitucional de 2018 perdió cuatro integrantes del gabinete
ministerial: renunciaron el Ministro de Energía y Minas, la Ministra de
Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Transportes y Comunicaciones (¡por
fin!) y la Ministra de Educación. Salvo la última, todos cuestionados por la
opinión pública hace varios días y los dos primeros por culpa de la empresa
constructora brasileña Odebrecht, envuelta hace tiempo en escándalo por su
“mega-corrupción” en el Perú entre 2005 y 2014.
Primero
cayó el Ministro de Energía y Minas. Años atrás fue consultor de Odebrecht. No
hay delito por haberlo sido, pero sí falta administrativa por no informarlo.
Encima se reunió con ejecutivos de Odebrecht (¿para qué?) antes que una
subsidiaria del holding brasileño demandara al Perú ante el CIADI, el tribunal
arbitral del Banco Mundial, por el proyecto del Gaseoducto Sur Peruano,
cancelado en 2017. La reunión habría sido propiciada por el procurador ad hoc para el “escándalo Odebrecht”,
motivo por el cual fue despedido por el Procurador General del Estado.
Sin
embargo, es difícil que el procurador ad hoc no actuara sin conocimiento de la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Aunque ella lo ha negado, su caída es
consecuencia de su responsabilidad política. Hay más: el despedido procurador ad hoc insinuó improbable que la reunión
con los ejecutivos de Odebrecht se hubiese realizado sin conocimiento del
Presidente del Consejo de Ministros y, por supuesto, el “aventurero”. De otro
lado, el Ministro de Transportes y Comunicaciones cayó por el caso del Hospital
Regional de Moquegua en 2014, una irregularidad administrativa por la cual debe
dar mayores explicaciones.
El
“aventurero” gusta no solamente rodearse de “amigotes” y su recambio ministerial
lo confirma sino el “secretismo”, a puerta cerrada. No sorprende que su
Gobierno sea poco transparente e hipócrita. Ahí están las (insultantes) palabras
del Presidente del Consejo de Ministros diciendo que las renuncias nada
tuvieron que ver con Odebrecht y los renunciantes “hicieron buen trabajo”. Tanta
falsedad tiene consecuencias: el “acuerdo de colaboración eficaz” con Odebrecht
está “deslegitimado” y sus artífices, los fiscales especiales, esos “paladines
mediáticos” de la justicia, quedan debilitados y desacreditados.
Por eso el
“aventurero” presiona al Jurado Nacional de Elecciones para que proclame los
resultados de la elección parlamentaria y ya se reinstale el Congreso. Necesita
distraer la atención, porque poco a poco se hace evidente que este Gobierno es
el peor de todos desde el retorno a la democracia en 2001.
Nota aparte: a pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial
ordenó 24 meses de prisión preventiva al ex alcalde de Lima, Luis Castañeda,
por hechos de corrupción vinculados a la empresa constructora brasileña OAS. Es
el final de un político engreído que soñó llegar bien alto, pero ahora está muy
abajo. Lo lamento.
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