Personalmente,
el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, nos está demostrando que es un “improvisado”.
El día de
Viernes Santo ocurrió un incendio en la zona comercial de Mesa Redonda, en el
Centro de Lima. Hubo daños materiales, pero no pérdida de vidas humanas. El
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios apagó el incendio e iniciaría las pesquisas.
Como en la tragedia de Mesa Redonda de 2001 (cuando hubo decenas de muertos y
heridos) el incumplimiento de la normativa técnica de seguridad (extintores,
salidas de emergencia, etc.) sería una causa. A la Municipalidad Metropolitana
de Lima y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) les toca la
fiscalización.
Para dar
imagen de “duro” e “implacable”, Muñoz presentó al Concejo y los regidores le
aprobaron una ordenanza municipal suspendiendo las licencias de funcionamiento
de toda la zona comercial de Mesa Redonda (30% del área del Cercado) por ¡30
días! para “fiscalizar” y “evaluar”. De inmediato los comerciantes protestaron
en el Damero de Pizarro: podrían tener pérdidas por 500 millones de dólares.
Hablamos de 68 mil comerciantes de las distintas galerías afectados por el
cierre. Muñoz dijo ante los reporteros que "la vida no tiene precio",
pero su incompetencia sí: no era necesario cerrar todo para “fiscalizar” y “evaluar”.
Incluso algunos regidores metropolitanos creen que “se les pasó la mano”.
Allí no
queda la irresponsabilidad de Muñoz. A inicios de mes relanzó el proyecto Vía
Expresa Sur, una concesión vial cuyo contrato fue firmado en 2013 bajo la
entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que incluye una ampliación de 5 kilómetros
en la Vía Expresa Paseo de la República desde Barranco hasta San Juan de
Miraflores.
Hinchado de
vanidad, Muñoz anunció que la empresa constructora Graña y Montero (GyM)
realizaría la obra, cuya inversión se calculó en 200 millones de dólares y duración
de dos años. Una obra con dos vías en ambos sentidos y una rápida con peaje. La
concesión vial era por 40 años. También se hubiese ampliado las rutas troncales
del transporte público Metropolitano.
A raíz que
el ejecutivo brasileño Jorge Barata dijo a los fiscales especializados en
Brasil dentro de las investigaciones por el “escándalo Odebrecht” (la mega-corrupción
de la empresa constructora brasileña Odebrecht en el Perú, entre 2005 y 2014) que
GyM participó con Odebrecht en actos de corrupción por la obra civil de la
Línea 1 del Metro de Lima en 2009, Muñoz anunció apresuradamente que resolvería
el contrato por el proyecto Vía Expresa Sur.
¿Qué tienen
en común un proyecto de la Municipalidad Metropolitana de Lima con una obra
civil licitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones?. Nada, pero
Muñoz pretende posar de “luchador anticorrupción” cuando ni siquiera ha
empezado por casa. Aunque quizá no lo haga, ¿qué pasaría si GyM decide ir a
arbitraje internacional por violación contractual?, ¿quiénes pagaríamos la
indemnización si GyM ganara?. El Gobierno nacional. Mejor dicho, nosotros a
través de los impuestos.
¡Allá
quienes votaron por Muñoz!, pero lo siento por Lima.
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