Gusto de los debates
doctrinarios, pero olvidé hablar sobre el rechazo de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos del Congreso al proyecto de ley que pretendía despenalizar el
aborto por violación sexual, inseminación artificial y trasferencia de óvulos
no-consentida.
Fue una iniciativa legislativa
ciudadana, que inmediatamente fue combatida por esos congresistas influenciados
o influenciables por el poder avasallador de la Iglesia Católica y las iglesias
evangélicas. A pesar de una pequeña marcha “singular” de mujeres feministas por
el centro de Lima y los exteriores del Palacio Legislativo, la mayoría rechazó
el proyecto.
Según explica la abogada Josefina
Miro Quesada, el Código Penal de 1991 tipifica el aborto como delito y
establece pena de cárcel tanto para la madre como tercera persona que practique
el aborto. Como en todo delito, hay gravedad y atenuantes y si se trata de
violación sexual (leitmotiv), la pena por aborto se reduce de dos días a tres
meses de prisión. A diferencia de la opinión de la congresista Martha Chávez,
sanción es sanción aun cuando no vaya a prisión o el delito prescriba en un
tiempo igual a la pena máxima.
El proyecto de ley quería que el
aborto para estos supuestos sea semejante al “aborto terapéutico” (lícito desde
1924, pero cuyo protocolo fue aprobado después de mucha resistencia “religiosa”
recién el año pasado) y hubiese obligado al Ministerio de Salud a aprobar los
respectivos protocolos de uniformización de estándares de atención de calidad.
Originalmente, el Código Penal de 1991 iba a despenalizar el aborto por
violación sexual, terapéutico (por razones médicas) y eugenésico, pero
fundamentalmente la jerarquía eclesiástica presionó a la comisión de juristas
encomendada de elaborar (el antiguo Congreso habían delegado facultades
legislativas al novísimo gobierno de Alberto Fujimori) el proyecto a cambiar de
criterio y así ocurrió. La historia se repite.
¿Por qué esa rayana obsesión por
controlar el cuerpo de la mujer?. Toda mujer debe ser libre de decidir la
continuidad o no del embarazo y asumir la responsabilidad por las consecuencias
de su decisión. Por mi fe católica y el haber vivido de cerca el drama de un
aborto, no se lo recomendaría a ninguna mujer embarazada, pero tampoco le
impediría hacerlo si ya lo decidió. La libertad es tanto para acertar como para
equivocarse.
La Iglesia Católica y las
iglesias evangélicas argumentan que sólo “defienden la vida y la familia”, pero
es una excusa hipócrita, porque no se indignan por esas mujeres sexualmente
violadas de bajos y no tan bajos recursos económicos que arriesgan sus vidas
recurriendo a abortos clandestinos realizados por obstetras, enfermeras, practicantes
o estudiantes de medicina humana en condiciones insalubles. No defienden “la
vida y la familia” sino el honor sexual, como -por ejemplo- lo defendía el
Código Penal de 1924 que no tipificaba como delito la violación sexual dentro
del matrimonio.
Aunque la Comisión de
Constitución y Reglamento del Congreso también rechazase la iniciativa, la
lucha seguirá.
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