Ustedes los
conocen: José Domingo Pérez, Rafael Vela, German Juárez, etc., los fiscales del
equipo especial Lava Jato para la trama de corrupción de las empresas
constructoras brasileñas en el Perú.
A pesar que
no han ganado ningún juicio penal, tienen poquísimas acusaciones fiscales y muchísima
exposición mediática, nunca antes un equipo de fiscales había tenido tanta
presencia política. ¿Cómo llegamos a esta situación?. Hay que repasar la
historia reciente para saberlo.
En la década
de 1980 el Ministerio Público era autónomo política y administrativamente, pero
estaba “partidarizado”. El diseño institucional de la Constitución de 1979
permitía la influencia partidista del APRA, el Partido Popular Cristiano,
Acción Popular y la Izquierda Unida. Ese “partidismo” era más fuerte en los
fiscales supremos, los fiscales superiores y la Fiscalía de la Nación, tal como
sucedía también con el Poder Judicial en juzgados, cortes superiores y la Corte
Suprema de Justicia. El golpe de estado del 05 de abril de 1992 cambió la
influencia partidista por un control político indirecto a través de las
llamadas “comisiones reorganizadoras”, tanto en el Ministerio Público como el
Poder Judicial.
Con la
vuelta a la democracia en 2001 se eliminaron las “comisiones reorganizadoras” y
el Ministerio Público y el Poder Judicial recuperaron sus autonomías perdidas.
No obstante, como el renaciente sistema de partidos políticos era débil,
regresar a la antigua influencia partidista de la década de 1980 ya no era
posible. Entonces se recurrió a la vieja influencia política directa: tal o
cual político acercándose (y hasta promoviendo) a tal o cual fiscal o juez con
el fin que la administración de justicia se mueva a su favor.
Esa
influencia política se “extrapoló” en 2014 cuando el gobierno de Ollanta Humala
“alentó” el nombramiento de Carlos Ramos Heredia como Fiscal de la Nación, pero
éste duraría poco tiempo. El fujimorismo tomó nota y creyó que no bastaba uno
que otro fiscal o juez sino la mayor cantidad posible. Para eso pensaron en
“cargarse” el Consejo Nacional de la Magistratura, la entidad pública que
nombraba, ratificaba y destituía fiscales y jueces. Pedro Chavarry como Fiscal
de la Nación en 2018 equivalió al resultado parcial de esa intención. Sin
embargo, al fujimorismo todo le salió mal.
Entonces
entraron en escena dos nuevos actores: el Gobierno de ese “aventurero” llegado
a la Presidencia de la República mediante la sucesión constitucional de 2018 y
ciertos medios de comunicación. Las viejas influencias políticas dieron paso a
las “alianzas políticas”. ¿Cómo lo lograron?. Atizando las disputas internas
que siempre existieron en las juntas de fiscales y las cortes de justicia. Los
fiscales y jueces se convierten en “aliados políticos” del “aventurero” o
ciertos periodistas influyentes para ganarlas. Pérez, Vela, Juárez y otros son autónomos
en sus acciones, pero son “aliados políticos”.
Si alguien
cree que Pérez, Vela, Juárez y otros representan la “nueva justicia” en el
Perú, están equivocados y muy pronto lo descubrirán.

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