Alianza política y justicia


Ustedes los conocen: José Domingo Pérez, Rafael Vela, German Juárez, etc., los fiscales del equipo especial Lava Jato para la trama de corrupción de las empresas constructoras brasileñas en el Perú.

A pesar que no han ganado ningún juicio penal, tienen poquísimas acusaciones fiscales y muchísima exposición mediática, nunca antes un equipo de fiscales había tenido tanta presencia política. ¿Cómo llegamos a esta situación?. Hay que repasar la historia reciente para saberlo.

En la década de 1980 el Ministerio Público era autónomo política y administrativamente, pero estaba “partidarizado”. El diseño institucional de la Constitución de 1979 permitía la influencia partidista del APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y la Izquierda Unida. Ese “partidismo” era más fuerte en los fiscales supremos, los fiscales superiores y la Fiscalía de la Nación, tal como sucedía también con el Poder Judicial en juzgados, cortes superiores y la Corte Suprema de Justicia. El golpe de estado del 05 de abril de 1992 cambió la influencia partidista por un control político indirecto a través de las llamadas “comisiones reorganizadoras”, tanto en el Ministerio Público como el Poder Judicial.

Con la vuelta a la democracia en 2001 se eliminaron las “comisiones reorganizadoras” y el Ministerio Público y el Poder Judicial recuperaron sus autonomías perdidas. No obstante, como el renaciente sistema de partidos políticos era débil, regresar a la antigua influencia partidista de la década de 1980 ya no era posible. Entonces se recurrió a la vieja influencia política directa: tal o cual político acercándose (y hasta promoviendo) a tal o cual fiscal o juez con el fin que la administración de justicia se mueva a su favor.

Esa influencia política se “extrapoló” en 2014 cuando el gobierno de Ollanta Humala “alentó” el nombramiento de Carlos Ramos Heredia como Fiscal de la Nación, pero éste duraría poco tiempo. El fujimorismo tomó nota y creyó que no bastaba uno que otro fiscal o juez sino la mayor cantidad posible. Para eso pensaron en “cargarse” el Consejo Nacional de la Magistratura, la entidad pública que nombraba, ratificaba y destituía fiscales y jueces. Pedro Chavarry como Fiscal de la Nación en 2018 equivalió al resultado parcial de esa intención. Sin embargo, al fujimorismo todo le salió mal.

Entonces entraron en escena dos nuevos actores: el Gobierno de ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión constitucional de 2018 y ciertos medios de comunicación. Las viejas influencias políticas dieron paso a las “alianzas políticas”. ¿Cómo lo lograron?. Atizando las disputas internas que siempre existieron en las juntas de fiscales y las cortes de justicia. Los fiscales y jueces se convierten en “aliados políticos” del “aventurero” o ciertos periodistas influyentes para ganarlas. Pérez, Vela, Juárez y otros son autónomos en sus acciones, pero son “aliados políticos”.

Si alguien cree que Pérez, Vela, Juárez y otros representan la “nueva justicia” en el Perú, están equivocados y muy pronto lo descubrirán.


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Noviembre 1992 / noviembre 2020

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