El 28 de julio pasado el Presidente de la República
inició el segundo año de su Gobierno con el Mensaje a la Nación ante el
Congreso.
Fue un discurso emotivo, pero poco sustancioso. Me
gustó la alusión final a nuestro lema nacional, “Firmes y felices por la unión”,
aunque lo juntó con el reciente lema frente a la emergencia del fenómeno de El
Niño, “Perú, una sola fuerza”. En fin, me toca señalar lo bueno, lo
malo y lo feo.
Lo bueno: proyecto de ley para agilizar
trámites de expropiaciones para grandes obras de infraestructura, que
restituiría un decreto legislativo derogado por la Cámara. Proyecto de reforma
constitucional para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura.
Compromiso de “destrabar” más grandes proyectos de inversión privada.
Ampliación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para inmigrantes
venezolanos y reafirmación del compromiso peruano por una transición
democrática en Venezuela. Proyecto de ley para “redefinir” competencias
municipales y regionales. Promesa de reequipamiento y mayor presupuesto al
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Inicio de los preparativos para la
celebración del Bicentenario de la Independencia en 2021.
Lo malo: nada de autocrítica a la malísima
política tributaria e insistencia en volver a ampliar el sistema de
detracciones y retenciones (vigente desde 2001) y modificar otra vez el régimen
especial PYMES. Mención breve a la reorganización del Seguro Integral de Salud
(SIS), la postergación de la vigencia completa del Código Procesal Penal de
2004 y los preparativos para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima. Proyecto de
ley para crear una Autoridad de Transporte Urbano, porque no se sabe para qué más
burocracia y cómo resolvería el problema del caótico tráfico limeño. Promesa de
construcción de más plantas de tratamiento de aguas residuales, pero como
política ambiental y no como problemática del saneamiento.
Lo feo: omisiones. Nada sobre la reforma
electoral, el mecanismo de “consulta previa” en minería e hidrocarburos, la
reforma a los sistemas pensionarios, la situación del complejo metalúrgico de
La Oroya y la refinería de Talara, la realidad de ESSALUD, la reforma y
promoción de la inversión privada en las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento (la izquierda radical y la derecha conservadora en la Cámara se aliaron
para derogar un decreto legislativo sobre este tema), la sanción penal contra “crímenes
de odio” (la Cámara derogó un decreto legislativo al respecto, para alegría de
católicos intolerantes y evangélicos fanáticos), el boicot a un procedimiento disciplinario más duro en la Policía
Nacional (la Cámara derogó otro decreto legislativo), la vuelta a la mala
focalización de los subsidios del Fondo Mivivienda, la cobertura y atención de
los programas de apoyo y alivio a la pobreza y pobreza extrema, la situación
del narcotráfico y los cultivos ilegales de hoja de coca, las políticas de
promoción en ciencia y tecnología, etc.
Ahora queda escuchar al Presidente del Consejo de
Ministros y los demás ministros. Estaremos atentos.
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