Por el debate sobre las facultades legislativas que el
Poder Ejecutivo pedía al Congreso, el cual acabo dándoselas, pocos entendidos
se percataron de la sentencia en uno de los 4 juicios sobre los sucesos de
Bagua.
En 2009 una violenta protesta de nativos amazónicos
contra el gobierno de Alan García por decretos legislativos sobre inversión
privada en forestación y agro-forestación y regulación de la propiedad comunal terminó
con decenas de la Policía Nacional y varios manifestantes muertos, muchos
heridos y un desaparecido. El Ministerio Público y el Poder Judicial abrieron
cuatro procesos penales: civiles de la llamada “Curva del Diablo”, policías
también de la “Curva”, policías degollados en la Estación 6 del Oleoducto
Norperuano y la desaparición del mayor Felipe Bazán. El caso que finalizó en
primera instancia es el primero.
La fiscalía acusó a 52 nativos de las etnias Awajún y
Wampis por la muerte de 12 policías durante el despeje de la carretera Fernando
Belaunde, bloqueada por manifestantes. Los vocales superiores no pudieron
probar responsabilidad penal en los acusados. Aparentemente, los disparos con
armas de fuego contra los policías no vinieron de los nativos manifestantes
sino de otras áreas de la carretera. Entonces sí hubo ajenos a la protesta que fomentaron
violencia.
En cuanto a los líderes de la protesta, entre ellos el
indigenista Alberto Pizango (cobarde que después huiría a Nicaragua), a quienes
se les acusaba por delito de instigación, los vocales determinaron que al no
saber quién disparó, tampoco se puede precisar que Pizango “instigara” la
violencia. En un lenguaje de excesivo culturalismo (como ensayo sociológico, no
expediente judicial), la sentencia parece “disculpar” la ferocidad y el
salvajismo de la protesta indígena en nombre de las reivindicaciones sociales y
culturales de las comunidades nativas.
La acusación fiscal a Pizango debió haber sido por “autoría
mediata”, no “instigación”. Concuerdo con el ex procurador César Azabache: el
indigenista Pizango no podía azuzar a los nativos manifestantes con sus
incendiarios discursos y no tener responsabilidad penal por las consecuencias
delictivas. Además, los vocales aciertan al señalar una “investigación
deficiente”. Originalmente, fueron denunciados 75 nativos, pero fueron acusados
solo 52.
La parte civil (familiares de policías asesinados) y
la fiscalía han presentado recursos de nulidad, que deberán ser aceptados o
rechazados por la Corte Suprema de Justicia. Sólo el poderoso Instituto de
Defensa Legal (IDL), que defendía a varios nativos enjuiciados, desea la
ratificación de la sentencia. Es funcional al “rojerío” que quiere convertir
los sucesos de Bagua en “lucha heroica” de los nativos por sus “derechos” contra
el “neoliberalismo”.
No sabemos qué determinarán los vocales supremos, pero
la autoridad, el imperio de la ley y las instituciones no pueden ser pisoteadas
por una turba barbárica con mensaje indigenista, que quería escudarse en la “justicia
consuetudinaria” para delinquir.
El Perú se lo debe a las víctimas de Bagua.
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