Epilogo del 30 de septiembre

Por 4 votos contra 3, el Tribunal Constitucional “convalidó” las graves violaciones a la Constitución de 1993 cometidas el 30 de septiembre de 2019.

Ese día ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión constitucional de 2018 puso en jaque al Congreso “manipulando” el mecanismo de la “cuestión de confianza” forzando la disolución de la Cámara argumentando “denegación fáctica”, que no está en ninguna parte del articulado. Tampoco se cumplieron otras formalidades para la disolución (decreto supremo disolvente sin refrendo ministerial, deliberación de la cúpula militar-policial “a favor”, etc.), que también constituyeron más violaciones graves a la Constitución de 1993.

Cierto que el decreto supremo disolvente convocó a comicios legislativos en cuatro meses, máximo (conforme a la Constitución de 1993), y el Gobierno nacional no ha continuado “violando” el orden constitucional después de esa fecha. Por ejemplo, se promulgan decretos de urgencia como corresponde (en exceso y abuso, por supuesto), no decretos-leyes, como sucedió -por ejemplo- después del golpe de estado del 05 de abril de 1992 cuando se desmanteló la democracia amparada por la Constitución de 1979.

La ponencia del magistrado Carlos Ramos sobre la “acción de competencias” presentada por Pedro Olaechea, presidente del Congreso, ante el Tribunal Constitucional, estaba pesimamente argumentada: decía que el acto disolvente se dio con el mensaje del “aventurero” por radio y televisión y no con el decreto supremo, que ese decreto no necesitaba tener refrendo ministerial a consecuencia de la caída del gabinete ministerial (la Constitución de 1993 no dice nada al respecto), que la votación en la Cámara “no necesariamente” expresa la voluntad del Congreso, etc.

Creía que la ponencia sería rechazada o aceptada parcialmente. No es posible jurídicamente volver a la situación del 30 de septiembre, pero esperaba una posición “equilibrada”, más “apegada a Derecho”. Publicada la sentencia, será interesante analizar la fundamentación de cada voto de los magistrados y los votos singulares, porque los votos favorables reflejarían una postura “sesgada”, una posición “política”. No fue error que el Tribunal Constitucional se pronunciase. Quienes creemos que la Constitución de 1993 fue violada el 30 de septiembre de 2019 teníamos que dar la “batalla legal” y la votación por mayoría -no por unanimidad- del colegiado nos dio la razón.

Rápidamente, el “aventurero” se apresuró a decir que él estaba “seguro” de haber actuado “constitucionalmente”. Sin embargo, su conducta el 30 de septiembre y los días posteriores no lo demostraba. Olaechea ha dicho públicamente que “la Historia juzgará”. Tal vez no sea necesario esperar tanto tiempo. El resultado de la venidera elección parlamentaria será el primer veredicto de la ciudadanía.

Que el electorado premie o castigue a quienes apoyaron o apoyan a quien “se cargó” la esencia misma de la democracia restaurada en 2001: el voto popular. De ahí sabremos si ésta se fortalecerá o terminará de debilitar.