En sobria ceremonia realizada en el hemiciclo del
antiguo Senado dentro del Palacio Legislativo, el abogado y ex decano del
Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, juró como Defensor del Pueblo.
Un día antes la Cámara aprobó su elección con 94
votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones. Así terminó el larguísimo
interinato de Eduardo Vega, quien se desempeñó como Defensor del Pueblo sin
tener nombramiento por el Congreso desde 2010. Gutiérrez le debe su elección al
fujimorismo, el APRA, Acción Popular y gran parte del oficialismo.
Este nombramiento no gustó a todos. Desde los “rojos”
del Frente Amplio, la facción de la izquierda radical con representación
parlamentaria, hasta los grupos mediáticos El
Comercio y La República
respaldaban otro candidato: el jurista Samuel Abad, quien fue defensor adjunto cuando
el abogado Walter Albán (otro interino) era Defensor del Pueblo.
Abad era buen candidato, a pesar de algunos
cuestionamientos por haber estado vinculado a la empresa minera Yanacocha. A
diferencia de 2014, cuando varios partidos políticos en el Congreso “pactaron”
fallidamente repartirse nombramientos simultáneos en la Defensoría del Pueblo,
el Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva, que los medios de
comunicación llamaron “La repartija” y provocó protestas callejeras, esta vez la
elección fue “normal” y nadie la ha recusado.
Si no saben, Gutiérrez fue uno de los artífices del
Código de Protección y Defensa del Consumidor de 2010. En 2011 el APRA lo
propuso para Defensor del Pueblo y había los votos necesarios en el Congreso,
pero el Partido Nacionalista, ya ganador de la elección presidencial ese año,
rompió el acuerdo para nombrarlo y se echó para atrás. Aquella sesión de la
Cámara acabó entre gritos, insultos, empujones y puñetes.
A diferencia de Albán, Vega o incluso de la ex senadora
Beatriz Merino (el Congreso pudo nombrarla Defensora del Pueblo en 2005),
Gutiérrez no es un “rojo” o “rojimio” ni es cercano a círculos “rojimios”.
Tampoco es anti-fujimorista ni menos anti-aprista.
Gutiérrez es un tipo que no gusta de las ideologías.
En 2009, tras los infaustos sucesos de Bagua (salvaje enfrentamiento por el
desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde entre policías y nativos que
protestaban contra dos decretos legislativos y los policías
asesinados vilmente en la Estación 6 del Oleoducto Norperuano), el gobierno de
Alan García nombró una comisión especial para investigar los hechos. Gutiérrez la integró, pero ante la
descarada intención de ciertos sectores por culpar a unos y exculpar a otros y “reescribir”
la Historia, prefirió renunciar.
Por eso, quizá, Gutiérrez no podrá tanto énfasis a
los mal llamados “conflictos sociales” (cuando debe imperar la ley más que la
voluntad minoritaria de turbas delictivas), como lo hace la Defensoría del
Pueblo desde 2004. Por ahora, ha dicho que está a favor de la “unión civil”
entre parejas del mismo sexo y la distribución gratuita de la “píldora del día
siguiente” por el Estado.
Ya evaluaremos pronto a Gutiérrez como Defensor del
Pueblo.

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