Faltan
pocos días para el referéndum sobre las cuatro reformas constitucionales.
Según la
última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en las primeras tres
preguntas ganaría la opción del SI con 60%, 63% y 67%, respectivamente. En
contraste, la cuarta pregunta sobre el retorno al Congreso bicameral ganaría el
NO con 54% frente al SI con 32%.
¿Por qué
ganaría el NO en la cuarta pregunta?. Esencialmente, porque el Presidente de la
República y un círculo periodístico “progre” y “anti-fujimorista” en los medios
de comunicación no quiere esa reforma constitucional, porque alegan que el
proyecto original fue “desnaturalizado” por el Congreso y bla, bla, bla. Es
cierto, el proyecto original fue modificado y no todo el texto es bueno, pero
siempre es reformable a posteriori. Sin embargo, Su Excelencia y la “argolla
mediática” dicen querer la bicameralidad, pero irresponsablemente piden el voto
por el NO.
¿Para qué
la bicameralidad?. Quienes queremos volver a un diseño bicameral como existió
hasta el golpe de estado del 05 de abril de 1992, creemos que el diseño
unicameral implantado por la Constitución de 1993 es nefasto y está pervertido.
La ausencia de una segunda cámara legislativa se evidencia en la (creciente)
mediocridad y pobreza de las leyes aprobadas.
Por
ejemplo, la última modificación a la Ley que regula el servicio de
estacionamiento vehicular del año 2009. Cuestionada por los centros comerciales,
establece que el cobro ya no es por hora o fracción sino por minuto
efectivamente utilizado, “despenaliza” la pérdida del ticket, concede gratuidad
en los 15 primeros minutos (¡qué generosidad!), etc.
Otro caso
actual: la ley que regula el servicio de taxis por aplicativo. A raíz de un
caso infausto e individual de una mujer en un taxi, los congresistas votaron
que las empresas UBER, CABIFY, BEAT, EASY TAXI y demás deban estar registradas
en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, deban ser “responsables
solidarias” (no hacía falta una ley) de afectaciones o perjuicios a los
pasajeros a bordo del taxi (sin contar responsabilidades civiles o penales),
deban exigir que sus choferes se registren en la municipalidad provincial
(¡burocracia!) y mantener “registro en línea” con el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, el INDECOPI, el Ministerio del Interior, etc.
Último
ejemplo: la Ley General del Bodeguero. Supuestamente, debe promover la
competitividad, a través de la formalización, capacitación, asistencia técnica,
servicios tecnológicos, entre otros, para satisfacer las necesidades de las
micro y pequeñas empresas. En realidad, otorga “privilegios” como pagar “tarifa
residencial” (en lugar de “comercial”) por servicios de electricidad y
saneamiento, obtener automáticamente licencias de funcionamiento definitivas
(¿por qué la excepción?), etc.
Podríamos
continuar. Lo peor es que quienes incitan a votar NO a la cuarta pregunta del
referéndum coinciden conmigo, pero sus intereses mezquinos y odios cainitas sólo
acelerarán la degradación del Congreso y nadie sabe qué vendría después.

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