Querido lector o querida lectora,
¿se ha percatado que hay algunas revelaciones de prensa estruendosamente “levantadas”,
mientras otras son acalladas sigilosamente?. A eso llamamos "manipulación periodística"
realizada por hombres y mujeres de prensa con “doble moral”.
Por ejemplo, las secciones políticas
de noticias hablan de los “Cornejo-leaks”. Buscando semejanzas con los destapes
del portal web Wikileaks y su creador,
el periodista australiano Julian Assange, en 2010, los “Cornejo-leaks” no es
otra cosa que los correos electrónicos privados y con dominio público
interceptados por hackers de la rama peruana de Anonymous, esa pandilla
mundial de delincuentes del ciberespacio.
Olvidando que la Constitución de
1993 protege el secreto de las telecomunicaciones y el Código Penal de 1991
sanciona a quienes lo violen, ciertos periodistas sin ética (supuestos “moralizadores”)
justifican cualquier ilegalidad por el “interés público”, que interpretan como
se les viene en gana. Estos periodistas están convencidos que René Cornejo, el
ex Presidente del Consejo de Ministros, era un lobbista consumado y que el Gobierno
nacional está “capturado” por intereses empresariales. Insisten que el Ministro
de Energía y Minas intercedió ante PERUPETRO para que extienda un contrato de explotación
a la petrolera noruega INTEROIL por diez años, porque trabajó externamente para
esa empresa tiempo atrás. “¡Conflicto de
intereses!”, gritan los periodistas inquisidores. Curioso caso de
conflictos de intereses, donde el lobbista no se beneficia de la gestión y la
empresa tampoco obtiene lo que quiere, porque la extensión sólo fue por un año.
No es “moralización”. A esta “argolla
periodística” no le interesa que supuestos delitos cometidos sean investigados
y sancionados por el Ministerio Público y el Poder Judicial, no. Solamente, les
interesa mancillar nombres y destruir reputaciones por vanidad personal,
simpatías ideológicas o mecenazgo de sus patrones. De ahí que hagan burla de la
indignación del Presidente de la República por esta primicia amarillista.
Por el contrario, la reciente
denuncia del diario El Comercio sobre actores o músicos que habrían sido
beneficiados con contratos de trabajo en la Municipalidad Metropolitana de Lima
por haber apoyado la campaña del NO para la consulta popular de revocatoria del
mandato de la alcaldesa Susana Villarán. Según información del Ministerio de
Economía y Finanzas, los actores Mónica Sánchez, Christian Thorsen, Gustavo
Bueno y Magaly Solier; la coreógrafa María Paz “Pachi” Valle Riestra; los cantantes
William Luna, Julio Andrade, Amanda Portales, Eusebio ‘Chato’ Grados y Julio Pérez
(el vocalista de la banda de rock La
Sarita) y la periodista Claudia Cisneros recibieron miles de nuevos
soles.
Todos los señalados han rechazado
las acusaciones, pero la “rosca” periodística inquisidora, muy amiga de
Villarán, se han encargado de “desinflar” la noticia, como hicieron antes con
otras noticias de corrupción en la administración metropolitana.
Aplausos para amigos, “moralización”
para enemigos.
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