En estos días televisión, radio y prensa escrita
mencionan una entidad pública en el Perú, frecuentemente, subvalorada o
menospreciada: la Contraloría General de la República.
Creada en 1929, la Contraloría General de la República
es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Supervisa la ejecución del
presupuesto público, las operaciones de deuda pública y el manejo de bienes y
recursos públicos. A pesar de la antigüedad, a partir de la Constitución de
1979 la institución adquiere relevancia política, que se ha mantenido con la
Constitución de 1993.
En 1980, instalado el gobierno de Acción Popular, el
Senado nombró contralor a Miguel Ángel Cussianovich, viejo militante
acciopopulista. A él correspondió dotar a la Contraloría con los subordinados
necesarios para la autonomía constitucional recién adquirida.
Alguna vez el periodista César Hildebrandt describió a
Cussianovich como un hombre que “tumbaba puertas”, pero serían las puertas
equivocadas. Era vanidoso, intrigante y vengativo. Gustaba de la atención
mediática y posaba de “implacable”, pero no lo fue mucho frente los grandes
casos de corrupción de entonces.
En 1987, bajo el gobierno del APRA, terminado el
septenio de Cussianovich, el Senado nombró a Luz Aurea Sáenz. Su gestión fue malísima:
politizó la institución, se rodeó de una “camarilla” aprista y nada hizo ante
la creciente “putrefacción” de la administración pública en ese tiempo. Tras el
golpe de estado del 05 de abril de 1992 la dictadura de Alberto Fujimori botó a
Sáenz y la sustituyó por María Herminia Drago, una independiente decente que
quiso “moralizar” la Contraloría despidiendo gente de las épocas de
Cussianovich y Sáenz. Un año después Drago terminaría alejada de Fujimori y los
fujimoristas del Congreso Constituyente Democrático (CCD), a quienes acusó de “no
querer” luchar contra la corrupción.
En 1993 el CCD nombró contralor a Víctor Caso Lay,
pero sólo fue una “marioneta” al servicio de la dictadura. Un instrumento más
de la “mega-corrupción” organizada de Fujimori y su asesor de inteligencia
Vladimiro Montesinos. En 2013 Caso Lay sería extraditado desde El Salvador,
juzgado y sentenciado. En el año 2000 la dictadura nombró a Carmen Higaona,
pero duraría poco. Al año siguiente, en democracia, durante el gobierno de
Alejandro Toledo, la Comisión Permanente del Congreso removió a Higaona y la
reemplazó por Genaro Matute.
Matute tuvo cierto éxito “reconstruyendo” la
Contraloría, pero falló en la eficacia de la lucha anticorrupción. En 2008,
bajo el gobierno de Alan García, la Comisión Permanente nombró contralor a Fuad
Khoury. Aunque profesional competente, hoy se le reprocha inacción previniendo
o anticipando el escándalo internacional de corrupción Odebrecht en el Perú.
Pese a cuestionamientos, el año pasado, acabando el gobierno de Ollanta Humala,
Edgar Alarcón sucedió a Khoury y así llegamos al presente.
Personalmente, la Contraloría General de la República
es más importante que un contralor o una contralora y el imperio de la ley está
por encima de consideraciones políticas.
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