Primero de mayo. Día Internacional del Trabajo.
Sindicalistas marcharon por el centro de Lima. Con sus banderolas y pancartas.
Contra la globalización y el “neoliberalismo salvaje”, etc.
Sin embargo, esta vez asomaron banderolas y pancartas
del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), la facción
“acuerdista” de Sendero Luminoso, dentro del Frente por la Unidad y Defensa del
Pueblo Peruano (FUDDEP), con el rostro del viejo líder senderista Abimael
Guzmán, preso por terrorismo. Efectivos de la Policía Nacional custodiaban la
marcha para mantener el orden público, como siempre lo hacen.
El suceso causó revuelo en la opinión pública. Según
el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las víctimas del
terrorismo senderista entre 1980 y 2000 fueron más de treinta y siete mil. Aún
es tema sensible. Lo saben los fujimoristas, quienes enfilaron la puntería al
Ministerio del Interior, a quien culpan por la marcha y la “apología al
terrorismo”.
En 2003 el Tribunal Constitucional declaró
inconstitucional buena parte de los decretos-leyes “antiterroristas” de 1992.
De inmediato el Congreso autorizó al gobierno de Alejandro Toledo aprobar una
nueva legislación antiterrorista por decreto legislativo. Incluido el delito de
“apología al terrorismo”, que antes había sido muy susceptible de
discrecionalidad.
La jurisprudencia constitucional determinó que
cualquier expresión favorable sobre un acto terrorista o su autor no constituía
delito de apología, excepto si: a) la exaltación se refiera a un acto
terrorista ya realizado, b) la apología se refiera a la persona que cometió el
delito y tenga condena con sentencia firme, c) el medio utilizado por el apologista
sea capaz de lograr la publicidad exigida por el delito, y d) la incitación
afecte las reglas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. A la
Policía Nacional le hubiera sido difícil determinar por sí sola si la marcha
del MOVADEF era o no “apología al terrorismo”, por lo cual los líderes fueron
denunciados penalmente.
Exigir (como la periodista Milagros Leiva) que los
policías arrestaran a los marchantes y los llevaran a la comisaría, aunque el
fiscal pudiese no pedir al juez prisión preventiva ni abrir investigación
alegando “libre expresión” (hasta el MOVADEF tiene libertad de expresión) y arriesgándose
los policías a denuncias penales por “abuso de autoridad”, es hacer el juego a
los fujimoristas, quienes gustan posar de duros, durísimos, contra el
terrorismo. Por eso quieren interpelar al Ministro del Interior en la Cámara y
hasta censurarlo.
Si al fujimorismo preocupa tanto el MOVADEF, ¿por qué
-por ejemplo- no da la pelea ideológica dentro de las universidades estatales,
donde sabemos que estos herederos senderistas están allí y el APRA, el Partido
Popular Cristiano y Acción Popular se retiraron hace mucho tiempo?. A los
fujimoristas les conviene el “cuco” del MOVADEF para señalar que quien no sea
duro, durísimo, como ellos, es “pro-terrorista”.
Terrorismo nunca más y la dicotomía
MOVADEF-fujimorismo, jamás.
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