Empezó octubre, aparece un sol primaveral y estamos
cargados de hechos políticos.
A contrapelo de incrédulos y los fujimoristas
cumpliendo a regañadientes, el Congreso aprobó finalmente las cuatro
iniciativas de reforma a la Constitución de 1993 para que el Jurado Nacional de
Elecciones convoque a referéndum el 09 de diciembre. Primero la Cámara aprobó
la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Después “constitucionalizar”
la regulación sobre financiamiento a partidos políticos. Por último, volver a
la bicameralidad y prohibir la reelección parlamentaria inmediata.
Sobre la bicameralidad, será un Senado de 50
integrantes y una Cámara de Diputados de 130. Los distritos electorales
quedarán para una ley y habrá un “candado” de 0,45% del presupuesto público. El
diseño es superior a la bicameralidad de la Constitución de 1979, con reparos.
Respecto a la no-reelección, no hay certeza si aplicaría a los actuales
congresistas o los futuros senadores y diputados. El Presidente de la República
obtiene otra victoria política. Quedará votar SI o NO a las cuatro preguntas
del referéndum.
Mientras, la campaña para las elecciones municipales y
regionales finaliza. Para la Alcaldía de Lima, últimas encuestas de IPSOS,
DATUM y CPI ubicaban primero al ex ministro del Interior, Daniel Urresti. En
segundo lugar, cerca, hay empate técnico entre el ex congresista Renzo
Reggiardo y el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, quien despuntó en las recientes
semanas. El ex alcalde de Lima, Ricardo Belmont, quedó relegado en la
preferencia electoral. Puede ser que el ex congresista Alberto Beingolea, quien
tuvo buena participación en el último debate municipal, suba. No obstante,
Urresti podría cambiar el panorama electoral con su fallo en segunda instancia
del Poder Judicial por el caso Hugo Bustíos de 1988. Veremos.
Finalmente, el Poder Judicial sorprendió al país con
la anulación al indulto humanitario que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
otorgó al ex dictador Alberto Fujimori en diciembre pasado, quien fue condenado
en 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta de
1991 y 1992, respectivamente. La pena era contabilizada desde 2006 cuando fue
extraditado desde Chile. Su salud era delicada, pero tenía una apacible
estancia en una prisión policial medianamente cómoda para él. Fue indultado el
año pasado y defensores de derechos humanos fueron a la justicia supranacional,
pero acabaron en un “control de convencionalidad” del Poder Judicial.
El juez que ha anulado el indulto y ordenado el encierro
del ex dictador habla de “irregularidades en el acta de la junta médica” que
examinó a Fujimori, falta de “imparcialidad” de uno de los médicos de la junta,
que el ex dictador no padece enfermedad terminal, la rapidez en el trámite de
indulto (la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó el argumento del “indulto
express”) y que la “fundamentación y
justificación” del indulto es “incompatible” con la Convención Americana de
Derechos Humanos de 1969. Discutible.
Lagrimas por allí, gritos por allá, pero la defensa de
Fujimori puede apelar y subir a una segunda instancia. Incluso llegar a un
recurso de casación. También presentar un hábeas corpus y dejar el camino para
un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional.
Parece que, políticamente, octubre seguirá intenso.
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