Por coincidencias de la vida o el destino, los poderes
Ejecutivo y Legislativo están en el ojo de la tormenta.
El aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a
licores, cigarrillos, bebidas azucaradas y combustibles no ha caído bien en la
población. Especialmente, combustibles como gasolina, gasohol, diésel y diésel
B2. El Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros y la
Ministra del Ambiente fueron hipócritas diciéndonos que la subida del ISC es
para promover “consumos saludables”, porque el Ministro de Economía y Finanzas
fue sincero desde el inicio: el Gobierno nacional necesita reducir el déficit
fiscal y recaudar más por impuestos.
Sin embargo, como en el Palacio de Gobierno parece
gustarles la mentira, no hubo reparos en “desautorizar” al titular de Economía
y Finanzas cuando aquél habló de bajar el umbral para que más personas
naturales tributen el Impuesto a la Renta en cuarta y quinta categoría. Esta
iniciativa técnica no hubiera sido propuesta sin contar con la aprobación
previa del Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros,
pero como ellos se dieron cuenta que no era “popular” (¿cuándo tributar es “popular”?)
recularon.
Tratando de contentar a todos, el Gobierno nacional
está empezando a disgustar a muchos. Está minando la confianza del empresariado al haber derogado el decreto supremo que autorizaba a PERUPETRO firmar contratos de
exploración y explotación con la petrolera irlandesa Tullow Oil por pozos petroleros del litoral marítimo
del norte, a pesar que la Contraloría General de la República no halló irregularidades. Al otro lado, sindicatos y federaciones en el sur del país organizan marchas y paros en protesta por el aumento del ISC a los combustibles. Para colmo, la petrolera estatal PETROPERU y la refinería La Pampilla
han subido el precio de los combustibles por variaciones en el mercado
internacional creciendo el malestar.
Respecto al Congreso, irrita la compra de televisores,
frigo-bares y computadoras cuando, al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo envió un
proyecto de ley para la austeridad presupuestal en todo el Estado. Cuando los
reporteros preguntan al Presidente de la Cámara por esta compra, responde
malcriadamente (“mermeleros”) y amenaza a los medios de comunicación con una “ley
liberticida”. El fujimorismo controlador del Congreso se ha desmarcado de Su
Señoría, pero éste se ha “ocultado” como un cobarde, a pesar que su lideresa lo
ha respaldado públicamente.
Para demostrar que, a pesar del discurso, el
fujimorismo defiende causas particulares y no el interés general, ha “boicoteado”
con la mayoría de votos en la Cámara la aprobación de un dictamen de ley para
que la Superintendencia de Banca y Seguros regule todas las cooperativas de
ahorro y crédito, como en cualquier país del mundo. El alegato demagógico fujimorista
es que se busca “favorecer a la gran banca”, pero sabemos que el fujimorismo
está vinculado directa e indirectamente con cooperativas señaladas de “lavar
activos”.
Después de la tormenta llega la calma, pero ¿cuándo?.
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