Cada cierto tiempo hace noticia la Comisión de Defensa
del Consumidor del Congreso, una extravagancia parlamentaria que anualmente
cuesta mucho dinero y beneficia poco o nada.
Única en el mundo, la Comisión fue creada por la Cámara
en 2001 para que el Congreso dictamine y después apruebe leyes en defensa del
consumidor. No era necesaria, porque desde la década de 1990 existen cinco
organismos públicos técnicos especializados en regulación de monopolios
naturales, promoción de la libre competencia y protección al consumidor. Sin
embargo, hay una Comisión y ha sido la tribuna de políticos demagogos como Yonhy
Lescano o Jaime Delgado.
La sola mención “defensa del consumidor” (en vez de “protección
al consumidor”) encierra la concepción que el consumidor está “bajo ataque” y
necesita ser defendido. ¿Quiénes lo “atacan”?. Obvio, los “codiciosos”
empresarios, quienes siempre serán la parte más fuerte en las relaciones
comerciales. Por eso se requieren leyes y más leyes de regulación económica
para defender al consumidor, siempre la parte más débil. Puede sonar a “el
cliente siempre tiene la razón” (¡cliché clásico del marketing!), pero es la
mentalidad POPULISTA de quienes se formaron académicamente en las décadas populistas
de 1960, 1970 y 1980. No en vano el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez (más
interesado en la “defensa del consumidor” que en los derechos humanos), y los
presidentes de las asociaciones de consumidores (Delgado lo fue de la más
antigua) son abogados cincuentones, sesentones y hasta setentones.
No obstante, los proyectos de ley aprobados por la
Comisión, generalmente, se convierten en leyes inoperantes o contraproducentes.
¿Por qué?. Dos motivos. El primero, porque políticos como Lescano y abogados
como Delgado y Gutiérrez no suelen entender la función del mercado y el rol del
Estado en la economía. Ignoran nociones fundamentales como monopolios o dominio
del mercado, bienes públicos, externalidades e información asimétrica y
pretenden adaptar la realidad a sus designios con leyes y litigios.
El otro motivo: esos políticos y esos abogados nada saben
de economía. No entienden o no quieren entender que a todas las leyes se aplica
“la regla costo-beneficio” y que toda intervención del Estado en la economía
tiene consecuencias. Además, no creen en la “soberanía del usuario o consumidor”:
subestiman nuestra inteligencia, pretenden robarnos nuestra libertad de elegir
y minimizan nuestra responsabilidad individual. Nos tratan como infantes.
Quieren que el mercado funcione como ellos quisieran y nosotros actuemos como
ellos desean.
El publicista (fujimorista) Carlos Raffo, quien fue
congresista entre 2006 y 2011, integró la Comisión de Defensa del Consumidor.
Según confesión pública, acabó decepcionado. Raffo dijo que la Comisión está
controlada por Lescano, aun cuando éste no la presida, y a él y sus presidentes
“fantoche” realmente no les interesa el usuario o consumidor sino sus carreras
políticas y ganar votos en la siguiente elección.
¿Para qué ha servido la “defensa del consumidor”?.
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