El Poder Judicial anuló el
informe final de la “mega-comisión” del Congreso encargada de investigar actos
de corrupción durante el gobierno de Alan García, entre los años 2006 y 2012.
La “mega-comisión” ha sido la
única comisión investigadora de la historia parlamentaria en investigar
personas, no sucesos. El único antecedente cercano ocurrió en 2001 cuando el
Congreso formó una comisión para investigar la “tragedia de Mesa Redonda” (el
voraz incendio que consumió gran parte del Mercado Central en Lima, causando muchísimas
muertes), convertida en una comisión investigadora del alcalde de Lima, Alberto
Andrade.
El congresista Sergio Tejada,
presidente de la “mega-comisión”, no quiso oír las advertencias judiciales ni
las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo: nadie puede ser juzgado o
juzgada por tribunales especiales ni comisiones ad hoc, porque es contrario al
debido proceso. El juez, a quien ahora acusan de prevaricato, resolvió que
nadie puede ser investigado o investigada indefinidamente o sin saber qué se le
investiga, por qué se le investiga o para qué se le investiga. Lo contrario es
atentar contra los Derechos Humanos.
El principal investigado por la “mega-comisión”
acusó de persecución política y venganza al Presidente de la República. No,
Tejada ha sido un instrumento de sectores políticos y sociales rabiosamente
opositores del gobierno de Alan García, enemigos del APRA, auto-considerados “progresistas”
o “reformistas” e intolerantes contra quienes no son “políticamente correctos”.
Sectores como el Instituto de Defensa Legal, la abogada Rosa María Palacios o
el economista Augusto Álvarez Rodrich. Sectores tan cegados por el odio que no
se percataron de la torpeza de la “mega-comisión”.
Acá no se trata de impunidad como
gritan estos falsos moralizadores. En 1991 los diputados Fernando Olivera,
Lourdes Flores Nano, Pedro Cateriano, Fausto Alvarado y Jorge Baca Luna sí
realizaron una investigación medianamente seria. A pesar del ridículo que
hicieron viajando a los Estados Unidos para una audiencia senatorial, donde
fueron despreciados por el senador John Kerry (hoy Secretario de Estado bajo la
administración Barack Obama), la Cámara de Diputados acusó ante el Senado al
investigado, los senadores elevaron la acusación ante la Corte Suprema de
Justicia y los vocales terminaron declarando que no había lugar a juicio. Sucedió
el golpe de estado del 05 de abril de 1992, se anuló la sentencia judicial, se
reabrieron las investigaciones y el -nuevamente- investigado debió exiliarse en
Colombia para salvar su vida e integridad física.
Tejada ha querido remediar el
daño diciendo que solicitará a la Cámara la reactivación de la “mega-comisión”
para “subsanar” errores (¿mea culpa?),
denunciando una supuesta red de corrupción dentro de la empresa estatal SEDAPAL
y acusando de desviar dinero a cuentas bancarias de las islas Gran Caimán a un
funcionario, que no es aprista y fue nombrado por el gobierno de Alejandro,
2001 a 2006.
En fin, el circo acabó y el espectáculo
no mereció aplausos.
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