Finalmente, la disputa por la Fiscalía de la Nación concluyó: Delia Espinoza completará el mandato.
Una resolución del Poder Judicial “suspendió” a Patricia Benavides como fiscal suprema por dos años, a causa de las investigaciones fiscales en su contra. Su defensa legal, el abogado Humberto Abanto, ha dicho que apelarán el fallo para su revisión en segunda instancia. Al estar “suspendida”, Benavides ya no puede reclamar que se cumpla la irregular resolución de la Junta Nacional de Justicia que la “restituía” como fiscal suprema y, por ende, Fiscal de la Nación. Para cuando el Poder Judicial decida, el mandato habrá concluido y Benavides sólo podría quedar como fiscal suprema.
Quienes no querían el regreso de Benavides a la Junta de Fiscales Supremos, entre éstos los sectores “de izquierda”, respiran tranquilos. Sin embargo, ¿en qué parte de la Constitución de 1993 dice que el Poder Judicial puede “suspender” a fiscales o jueces?. Es una atribución exclusiva de la Junta Nacional de Justicia. Los mismos juristas que pusieron grito al cielo por la irregular “restitución” de Benavides no dicen nada por esta irregular “suspensión”. Conclusión: casi a nadie le interesa cumplir la Constitución de 1993.
Para bien o mal, la Constitución de 1993 ha sido la “piedra angular” sobre la cual está montado todo el ordenamiento jurídico, que ha permitido el funcionamiento de las instituciones y la vigencia del imperio de la ley desde el retorno a la democracia en 2001. Pese a los defectos de conducta de los magistrados, inequidad en sus decisiones o ineficacia en los procedimientos, el Ministerio Público y el Poder Judicial son los verdaderos baluartes sobre los cuales se asienta el régimen democrático. Si fiscales o jueces comienzan también a violar la Constitución de 1993, ya no podemos decir que en Perú funcionan las instituciones y rige el imperio de la ley.
Aunque no parezca, la demolición institucional tiene consecuencias. Primero, económicas: se resentirá la inversión privada, habrá menor empleo y la seguridad jurídica volará por los aires. Segundo, sociales: la sociedad percibirá y sentirá que no hay una correcta administración de justicia para dirimir los naturales conflictos en su seno y empezará a primar la “ley de la selva”. Por supuesto, también políticas: la administración de justicia es otro campo más de disputas políticas.
Nadie se sorprenda o alarme cuando el futuro caudillo que, inevitablemente, surgirá busque imponernos su voluntad. ¡Con qué rostro podrán aquellos que avalaron las reiteradas y continuas violaciones a la Constitución de 1993 exigirle al futuro caudillo que sí la respete?.
Post data: según contó César Delgado-Güembés, ex Oficial Mayor
del Congreso, hasta el golpe de estado del 05 de abril de 1992, cada senador y
cada diputado tenían una secretaria y un asesor, a nadie más. El Congreso
bicameral nacerá el próximo año con una legión de asesores por senador o
diputado, bancada y comisiones. A partir de ahora afirmo que el nuevo Congreso
será impopular desde el día de su instalación.
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