Quien a
cuchillo mata, a cuchillo muere. Frase perfecta para el ascenso y la caída de
Evo Morales en Bolivia.
Morales,
autócrata espurio que gobernaba Bolivia desde 2006, fue forzado a renunciar
tras un paro cívico nacional de 20 días y violentas protestas contra el fraude perpetrado
en las elecciones generales de octubre pasado para conseguir su tercera
reelección, ya certificado por una auditoría de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
Por
supuesto, los elementos decisivos en la caída de Morales fueron el motín
policial en Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Oruro, Tarija y La Paz.
Entonces convocó a un “diálogo”, pero nadie quiso dialogar con él.
Posteriormente, vino el informe preliminar de la OEA sobre el fraude electoral,
que forzó a Morales la convocatoria a nuevas elecciones generales, aunque sin
fecha ni descartando una nueva candidatura, que había sido rechazada en un
referéndum de 2016. Para colmo suyo, los militares rehúsan, primero, intervenir
en el motín policial, después reprimir las manifestaciones contrarias a Morales
y, por último, le piden su renuncia. Todo terminó. Morales huyó en su avión
presidencial desde El Alto hasta la zona cocalera de Chapare, su terruño de
donde nunca debió salir, y allá anunció su renuncia y la renuncia de su
segundo, Álvaro García Linera, siniestro ideólogo “rojo” con pasado
guerrillero. Al final, México concedió asilo político a Morales y envió un
avión oficial a recogerlo. Se fue con García Linera, su familia y dos personas más.
Las
manifestaciones de júbilo estallaron en La Paz, Santa Cruz de la Sierra,
Cochabamba, Sucre, Oruro y otras ciudades. En El Alto, bastión político de
Morales, hubo enfrentamientos con policías, saqueos e incendios. También en La
Paz, Cochabamba y Oruro. Hubo una avalancha de renuncias de ministros,
diputados, senadores, alcaldes y otros funcionarios afines a Morales. Hay
varios asilados en la embajada mexicana. Cuba, Venezuela y Nicaragua denunciaron
“golpe de estado”. Posiblemente, la senadora Jeanine Áñez asuma el poder dentro
de la línea sucesoria o se conforme una “junta de gobierno”, como pide el
empresario Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y
principal artífice de la caída de Morales. En principio, debe haber una
amnistía para todos los presos políticos, exiliados y perseguidos por Morales.
En el Perú,
mientras Torre Tagle pide la normalización de la vida política boliviana y la
pronta realización de comicios libres, la izquierda radical derramó algunas
lágrimas por Morales. Mediante la red social Twitter la ex congresista Verónika Mendoza y el suspendido
presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, hablaron de “golpe de estado”,
violencia opositora, persecución política y otras sandeces. También el diario La República y demás “rojos” y “rojimios”.
Poca o ninguna mención al fraude electoral detectado por la OEA y el rechazo
ciudadano.
Con la
caída de Morales finaliza su proyecto político “neo-indigenista”, al cual se
adherían no pocos “rojos” peruanos, que ha acabado en corrupción, desinstitucionalización,
despilfarro, politiquería y repudio popular. También el perverso método
político usado por Morales para llegar al poder: utilizar la protesta callejera
violenta y crecientemente feroz -si había muertos, mejor- para socavar y
tumbarse gobiernos. Él mismo lo hizo en 2003 cuando era diputado con el
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y 2005 con el gobierno de Carlos Mesa.
Todo excusado en luchas reivindicativas, enfrentamiento entre connacionales
(Morales era disociador nato), que sólo fueron pretexto para tomar el poder. En
el Perú hubo “rojos” que quisieron copiar el método y aunque fallaron, no lo descartaban
como accionar político.
Qué viva
Bolivia, porque la democracia allá beneficia a la democracia en el Perú.
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